Agilidad a costa de justicia: los agujeros visibles del plan de choque

La reacción ha sido rápida y contundente: España ha desplegado un plan de choque que combina rebajas fiscales y ayudas en una batería de hasta 80 medidas. Esa velocidad merece reconocimiento: en tiempos extraordinarios, la urgencia exige respuestas igualmente extraordinarias.

Sin embargo, la prisa ha impuesto el brochazo frente al bisturí. Las fuentes consultadas y media docena de expertos consultados señalan con claridad lo que ya es visible en el diseño: muchas medidas son universales y, por tanto, poco focalizadas en quienes más sufren la pérdida de poder adquisitivo provocada por los choques energéticos y geoeconómicos.

Desde la dimensión técnica, el paquete persigue dos objetivos explícitos: contener la escalada de precios —con previsiones que sitúan la inflación en torno al 4% este año— y compensar a los más afectados por el shock en los mercados energéticos. Es una manta corta: el equilibrio entre contención de precios y apoyo dirigido no se ha resuelto con precisión.

También hay consenso en que la potencia de fuego es notable. El Ejecutivo habla de un coste en torno a 5.000 millones de euros; análisis independientes, como el de Raymond Torres (Funcas), elevan esa cifra hasta 7.500 millones suponiendo que las medidas concluyan el 30 de junio. Todo ello en un contexto de límite fiscal: España se sitúa ligeramente por debajo del umbral del 3% del PIB de déficit público y con una deuda en el entorno del 100% del PIB. El viejo axioma económico persiste: no hay comidas gratis.

Lo que alarma es la distribución del esfuerzo. Expertos como Daniel Fuentes (Kreab Research) y los análisis preliminares del Banco de España advierten del carácter algo regresivo de muchas rebajas fiscales: benefician en mayor medida a rentas altas y pueden drenar recursos que habrían servido para ayudas directas y más focalizadas. Existe, además, el riesgo de que algunas rebajas no lleguen íntegramente al consumidor si son capturadas por las empresas de producción y distribución.

El diagnóstico final de varios especialistas es un «sí, pero no»: el plan es políticamente factible y eficaz para contener la inflación de forma inmediata, como apunta Ángel Talavera (Oxford Economics), pero la falta de focalización y los efectos antirredistributivos lo dejan cojo desde una perspectiva social y distributiva. Manuel A. Hidalgo subraya esa contradicción: rapidez y factibilidad frente a una focalización insuficiente.

La pregunta que queda en pie es política y económica: ¿queremos un parche que amortigüe el golpe mañana, o un diseño que combine rapidez con justicia distributiva? El Gobierno ha escogido la velocidad y la amplitud. La experiencia europea y las voces expertas recuerdan que esa opción tiene costes fiscales y sociales que habrá que medir con cuidado en los próximos meses.