Acabar con los ongi etorris: ley, orden y respuesta a la impunidad

El problema es claro y no admite rodeos: en calles y plazas se mantienen homenajes a condenados por terrorismo que, según el PP, se celebran "con total impunidad". Frente a esa realidad, el Grupo Popular ha decidido elevar la temperatura jurídica y política: llevar al Pleno del Senado, el 8 de abril, una Proposición de Ley para modificar la Ley 9/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo e introducir sanciones administrativas contra quienes organicen o participen en esos actos.

No es novedad proclamar el respaldo a las víctimas; lo relevante es traducir ese respaldo en herramientas legales. La iniciativa, bautizada por sus impulsores como Ley Feijóo, clasifica las conductas en leves, graves y muy graves y fija tramos de multa que el articulado contempla según la gravedad y repercusión pública de los hechos: leves (200-2.000 euros), graves (2.001-10.000 euros) y muy graves (10.001-15.000 euros), según explica el propio Grupo Popular en la Cámara Alta.

El PP utiliza su mayoría en el Senado para aprobar la toma en consideración, pero la norma no queda ahí: deberá remitirse al Congreso de los Diputados para su tramitación definitiva, con lo que su entrada en vigor no está garantizada hasta superar ese trámite. Es la democracia parlamentaria en acción: iniciativa, debate y eventual ratificación.

En el terreno político la iniciativa trae acusaciones y responsabilidades. Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado, señala directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no frenar estos homenajes que, a su juicio, "lesionan la dignidad de quienes padecieron la violencia terrorista". García reprocha además el acuerdo que permitió la investidura, aludiendo al pacto con Bildu y criticando la falta de transparencia sobre sus términos.

Los promotores de la reforma argumentan que la normativa vigente tipifica el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas, pero que quedan actos en el espacio público que no alcanzan el umbral penal y demandan por ello "una respuesta administrativa inmediata". En esa lógica se pretende añadir un nuevo título a la ley para cubrir ese vacío y actuar con rapidez donde el derecho penal no llega.

Es un planteamiento de firmeza y de memoria: ofrecer a las víctimas una respuesta real, no sólo palabras. La política tiene la obligación de proteger la dignidad colectiva y la convivencia; cuando el espacio público se convierte en tribuna de exaltación de quienes atentaron contra esa convivencia, el Estado debe decidir si actúa con instrumentos proporcionados o consiente la reiteración de la afrenta.

La senda trazada por el PP ahora abre un debate: qué entiende la sociedad por límite legítimo de la libertad pública, cómo calibrar sanciones administrativas para conductas que vulneran la memoria de las víctimas y hasta qué punto el Congreso avalará, matizará o rechazará la propuesta que sale del Senado. El reloj parlamentario marcará los próximos pasos. Mientras tanto, las víctimas esperan una respuesta que no se quede en el gesto retórico sino que se concrete en norma y aplicación efectiva.