400.000 euros en la diana: transparencia y orden en el Ayuntamiento de Alcoy

En Alcoy se ha abierto un capítulo que exige respuestas claras y escrupulosa actuación administrativa. El alcalde Toni Francés compareció para explicar un expediente disciplinario contra una técnica del departamento de Inspección General de Servicios (IGS) por presuntas adjudicaciones de contratos menores y pagos de facturas a una persona afín, que ha trascendido como su esposo.

La cuantía señalada no es simbólica: alrededor de 400.000 euros en una década, según el propio alcalde. Durante la mayor parte del periodo las facturas no superaban los 1.000 euros y el promedio anual rondaba los 25.000 euros; sin embargo, desde el pasado verano hasta enero se detectaron contratos menores de cuantías superiores. Hay además un dato llamativo: una empresa constituida en noviembre recibió contrato apenas dos semanas después de su creación.

Los hechos saltaron al ser detectadas adjudicaciones repetidas a la misma empresa en febrero. El concejal del área, Jordi Martínez, comunicó la incidencia al alcalde y este impulsó de inmediato un expediente de información reservada para verificar indicios. El departamento de Personal concluyó que existían indicios de una falta muy grave por presuntamente otorgar facturas y contratos menores a personas y empresas directas sin que la funcionaria se abstuviera.

El 12 de mayo se formalizó la apertura del expediente disciplinario y se nombró a un instructor, único competente para gestionar el procedimiento, según explicó Francés: "es como el secreto de sumario". El alcalde subrayó además que cuando las contrataciones pasaban por Junta de Gobierno se exigían tres o más presupuestos y se adjudicaba a la oferta más barata, pero reconoció que esos trámites no permiten conocer las relaciones personales de los funcionarios.

La actuación municipal ha sido taxativa en cuanto a los pasos: si el expediente detecta responsabilidad penal, se paralizará y se trasladará al Juzgado; si se trata de faltas administrativas, se determinarán sanciones; y si todo resulta correcto, se archivará. Esa hoja de ruta respeta el principio de legalidad y marca los cauces que deben seguirse.

No menos grave, y paralelo a este asunto, es el uso indebido de documentos sensibles. El alcalde anunció que se investigará quién filtró a un medio un documento sin anonimizar, con códigos y datos personales visibles: una conducta que, según dijo, se ha saltado la ley y que exigirá responsabilidades si no se ajusta a la legalidad.

Por otra parte, el departamento de IGS ha sido objeto de otra investigación interna distinta: en marzo se presentó en Personal una denuncia anónima por presunto acoso laboral contra un responsable del departamento; tras la investigación, en abril se determinó que no existía acoso y se cerró el expediente. Una denuncia similar presentada en abril siguió el mismo desenlace. Pese a ello, el alcalde admitió que existe "conflictividad" en IGS y se ha llevado a cabo una reordenación del departamento.

El asunto exige, en suma, dos cosas: que la investigación disciplinaria y, en su caso, la judicial, se desarrollen con celeridad y transparencia dentro del marco legal; y que el Ayuntamiento proteja la integridad de los procedimientos evitando filtraciones que vulneren derechos y comprometan la investigación. La ciudadanía merece explicaciones, y la administración debe demostrar que actúa con firmeza y apego irrestricto a la ley.