15.818 cambios en el Registro Civil: la Ley en cifras y en sombras

El dato es tajante y sin aditivos: 15.818 personas han hecho efectivo el cambio de la mención del sexo en el Registro Civil desde la aprobación de la Ley Trans, vigente desde febrero de 2023. Lo aportó el Gobierno en respuesta parlamentaria a una batería de preguntas formuladas por Vox. Hecho simple, contabilizado, público.

Pero no todo lo que se pregunta recibe contestación. Vox pidió asimismo cuántas de esas inscripciones correspondían a personas con antecedentes penales o policiales por delitos sexuales. Esa cifra no fue facilitada por el Ejecutivo. La ausencia de ese dato —no su interpretación ni su dramatización, sino su mera entrega— es un silencio que interpela al ciudadano: la estadística existe para dar luz y prevenir incertidumbres.

Igualmente, Vox inquirió si en el proceso registral se verifica la existencia de antecedentes penales o policiales. La respuesta oficial remite al procedimiento previsto en el artículo 44 y siguientes de la Ley: consta de dos comparecencias ante el encargado, donde el interesado manifiesta su disconformidad con el sexo consignado. El procedimiento, según ese relato, se articula sobre una declaración personal repetida ante la autoridad registral.

De los hechos no se puede extraer más que lo dicho: una cifra concreta de inscripciones, una petición explicada y una respuesta parcial. Nada más. No se han proporcionado las cifras sobre antecedentes, y lo que el Ejecutivo describe como trámite es la comparecencia testimonial del interesado. El resto —las suposiciones, las previsiones, las conjeturas— no figura en la documentación oficial entregada.

En una sociedad que reclama claridad y transparencia, los números deben ser completos o explicarse. El ciudadano exige datos y procedimientos claros, porque las leyes no son meras fórmulas retóricas: son reglas prácticas que afectan a la convivencia y a la seguridad jurídica. El registro existe para reflejar la realidad jurídica con rigor. Y cuando una pregunta parlamentaria queda sin respuesta, la ciudadanía tiene derecho a saber por qué.