Zacatecas: la caída que desarma cifras pero no quita el miedo

La estadística tiene el brillo seco de lo incontestable: de 1.741 homicidios en 2021 a 149 en 2025, un descenso del 91% que ningún fiscal en México puede ostentar con facilidad. Solo en 2025 la reducción fue del 71%. Son cifras que, por su contundencia, reclaman atención y explicaciones.

Pero los hechos no hablan solo en tablas. El relato vivo pinta otra realidad: ocho de cada diez zacatecanos todavía se sienten inseguros, y grupos de víctimas y expertos se declaran escépticos ante los balances oficiales. Hay una brecha insalvable entre lo que muestran las carpetas de la fiscalía y lo que experimentan las familias que han perdido a los suyos.

El testimonio de quienes han padecido la violencia es implacable. Brenda Carmona, víctima doble —asesinaron a su esposo en 2011 y a su hijo mayor en 2024—, denuncia una revictimización sistemática tras acudir a las autoridades. Es el recordatorio de que las cifras no curan los traumas, ni reparan el daño institucional que sienten las víctimas.

El estado llegó a tocar fondo en 2023: policías acorralados por el narco, asesinados en tasa superior a la de cualquier otra entidad; una fiscalía en huelga y un jefe que renunció en medio de escándalos. El dato oficial de impunidad, según la nota, se situaba en 99.9%. Frente a esa gravedad, la designación de Cristian Paul Camacho Osnaya como delegado de la Fiscalía General de la República para atender la emergencia aparece como respuesta institucional inmediata.

Camacho apunta a dos ejes: coordinación institucional y ataque al narcomenudeo. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad —reunión diaria de Gobernación, Fuerzas Armadas, fiscalías y entes de inteligencia—, dice, eliminó divisiones de competencias, permitió respuestas inmediatas y unificó presencia en el territorio. Y, en paralelo, se redoblaron cateos y acciones contra los centros de venta de drogas, porque, en su visión, el narcomenudeo es la puerta de entrada a delitos más graves.

Esa receta de coordinación y operaciones tácticas tiene eco en la narrativa presidencial: la administración de Claudia Sheinbaum reporta una caída del 30% de homicidios a nivel nacional en 2025. Sin embargo, la percepción social es otra: seis de cada diez mexicanos, según encuestas oficiales, siguen viviendo entre el miedo. La discrepancia entre números y sensaciones persiste.

Zacatecas no es un caso menor por azar: su geografía —corredor entre norte y sur, paso obligado de carreteras y ferrovías— lo convirtió en disputa histórica de grupos criminales. Municipios como Fresnillo llegaron a ser los más violentos del país. Por eso cualquier cambio allí tiene una repercusión simbólica y práctica para la seguridad nacional.

En un tablero regional donde discursos y medidas externas se cruzan —mientras en Washington se propone la intervención militar como solución—, el Gobierno mexicano reclama resultados que demuestren que la estrategia interna puede bastar. Zacatecas ofrece, sobre el papel, esos resultados. En la calle, en las plazas y en las familias, la confianza no se restituye con un dato.

El desafío para las autoridades es doble y urgente: sostener la tendencia descendente sin volver al ciclo de impunidad y construir credibilidad entre las víctimas y la ciudadanía. Porque reducir homicidios es condición necesaria, pero no suficiente; la paz real exige reparación, transparencia y la convicción pública de que las instituciones escuchan y protegen.

Zacatecas muestra que la violencia puede ceder; también nos recuerda que las cifras deben caminar junto a la justicia y la verdad si no queremos que la calma sea solo un interludio en la tragedia.