Vox intensifica el pulso: extremismo verbal y pactos que inquietan

La previsión que se ha confirmado es elemental y tangible: Vox ha cerrado acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón, y todas las señales apuntan a un acuerdo inminente en Castilla y León. Esa capacidad de entrar en el gobierno autonómico encaja con la ambición declarada del partido: gobernar con mando e influencia. El PP nacional, aunque incómodo, apoya los pactos allí donde son necesarios para gobernar; Alberto Núñez Feijóo los bendice, y la política práctica se impone a las reservas morales.

Pero la estética del poder que practica Vox no es moderada. Lejos de un reflujo tras supuestos estancamientos, han aumentado la dureza de las formas y la ferocidad de los contenidos. No hay operador político, institucional o social que, si discrepa de su interpretación sobre inmigración u otras materias, quede a salvo de su descalificación. La Conferencia Episcopal ha comprobado esa dureza en primera persona: la defensa pública de la regularización de inmigrantes por parte de la Iglesia ha desatado la ira de Santiago Abascal, que ha acusado a los obispos de priorizar el "negocio" y de no atreverse a criticar al Gobierno.

El episodio muestra hasta qué punto Vox no rehuye el choque con instituciones que tradicionalmente figuraban fuera de la barahúnda partidista. La jerarquía eclesiástica se ha sentido "injuriada" por las acusaciones; al mismo tiempo, algunos prelados han mostrado posiciones más afines a Vox, según la información pública. Es una muestra clara de fragmentación y de la capacidad del partido ultra para polarizar debates que antes transcurrían con mayor prudencia institucional.

En la arena pública, la intensidad verbal ha traspasado los límites del decoro parlamentario y del mitin. Abascal lanzó insultos contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior en un acto en Cádiz —datos que constan en la crónica pública— y el auditorio respondió con insultos clásicos que también han aparecido en ámbitos del PP. La competición entre derechas se ha convertido en un concierto de desprecio dirigido al Gobierno de la nación, con denominaciones que buscan deslegitimar la acción del Ejecutivo.

La hoja de ruta compartida en algunos territorios cristaliza en medidas simbólicas y programáticas: la "prioridad nacional" firmada en Extremadura sitúa el acceso a ayudas sociales en términos que favorecen a los españoles "de origen" frente a inmigrantes con residencia legal. El concepto, que el propio artículo vincula a modelos del pasado europeo y a la genealogía ideológica de la extrema derecha, excede la mera consideración de la nacionalidad y plantea cuestiones de principio sobre quién es titular de la preferencia social.

Andalucía, donde se vota el 17 de mayo, aparece como un capítulo aparte: expectativas sociopolíticas y liderazgo distintos que la separan del resto. Juan Manuel Moreno Bonilla advierte a sus conciudadanos de que no le pongan en el trance de compartir gobierno con Vox; su estrategia es distanciarse y ampliar apoyos separándose de la ultraderecha. El PSOE, por su parte, teme que la contienda autonómica y los pactos antagónicos movilicen a votantes en direcciones contrarias a sus intereses.

La conclusión es clara y fría: habrá política de tierra quemada hasta las generales. Vox ha apostado por gobernar y por hacerlo sin complejos, radicalizando el discurso y atacando a interlocutores e instituciones cuando estas defienden posiciones distintas, en particular en materia de inmigración. Los pactos ya firmados ofrecen margen interpretativo para medidas concretas, pero han dejado al descubierto una voluntad política que combina acceso al poder y confrontación cultural. El resto del espectro político y las instituciones vigilan: la deriva tiene efectos ya visibles en el mapa autonómico y en el debate público nacional.