Vox contra sus disidencias: expediente y defensa pública de las cuentas

La formación política que levantó su discurso sobre ley, honor y pulcritud interna afronta hoy una tormenta que es, a la vez, interna y mediática. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario contra Juan García‑Gallardo, ex vicepresidente en Castilla y León, y no ha ocultado que ese trámite "seguramente" derivará en la expulsión del aludido.

No es un pulso retórico que se salde en declaraciones: la respuesta orgánica es tangible. El expediente se anuncia como respuesta a las acusaciones públicas de García‑Gallardo, quien declaró en EL MUNDO haber perdido "la confianza" en Santiago Abascal tras afirmar que conoció la existencia de un supuesto "tercer sueldo" canalizado, dice, a través de un proveedor del partido y depositado en la cuenta corriente de la mujer del líder, por presuntos servicios de consultoría en redes sociales. También habló de "enormes cantidades de recursos públicos" a las que, según él, habría accedido el partido.

Frente a esas imputaciones, Garriga no ha ido a la descalificación fácil sino al archivo disciplinario y a la invocación de transparencia. Ha recordado que las cuentas del partido son públicas y están presentadas ante el Tribunal de Cuentas para su auditoría, y ha subrayado que esas mismas cuentas fueron aprobadas por Javier Ortega‑Smith —ahora expulsado— "hace cuatro días" en los órganos internos de Vox. "Nada que decir", ha replicado al emplazamiento de Ortega‑Smith a presentar el modelo 347, la declaración anual de operaciones con terceras personas.

La escena tiene más actores y acusaciones cruzadas. José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox, atribuye a Génova la mano detrás de las críticas de ex dirigentes que ahora cuestionan al partido, y califica las insinuaciones sobre la contabilidad como "esparcir un rumor absurdo". Ortega‑Smith, por su parte, había lanzado la provocación en redes pidiendo la presentación del modelo 347, mientras que Ortega‑Smith figura ya como expulsado del partido que ayudó a impulsar.

El choque es, por tanto, introspectivo y fundacional: dirimir con medidas disciplinarias y afirmaciones de transparencia si las acusaciones tienen visos de veracidad o si, por el contrario, constituyen una ofensiva destructiva desde dentro o desde fuera. Lo cierto, y no debe olvidarse, es que las cuentas están en manos del Tribunal de Cuentas y que la dirección del partido las defiende públicamente mientras procesa a quien formuló las acusaciones.