Villena dice no: dignidad municipal frente a la transferencia de basuras

El Ayuntamiento de Villena ha trazado hoy una línea roja que no admite equívocos. En Pleno Extraordinario, la corporación ha rechazado el convenio propuesto por la presidenta del Consorcio CREA para enviar residuos de la Vega Baja a la planta villenense. PSPV-PSOE y Verdes de Europa han apoyado la proposición municipal; PP y VOX optaron por la abstención. No hay fantasmas: la votación expresa una decisión política y técnica.

La medida en cuestión compromete el envío de 48.600 toneladas anuales de residuos durante ocho años, lo que el concejal responsable de RSU y Limpieza, Sergio Palao, cifra en un aumento del 65% de la carga que soporta la planta de VAERSA en Villena. Ese dato no es retórica: es una advertencia sobre la vida útil de una instalación que, según el consistorio, acaba de modernizarse con una inversión de 14 millones de euros. ¿Qué sentido tiene acelerar su desgaste cuando la modernización debía reducir rechazos y costes para la ciudadanía?

Palao ha sido tajante: "no se trata de recibir más dinero, sino menos basura en Villena, tal y como piensa la mayoría de la población". Añade que la actualización de la planta persigue disminuir el rechazo y abaratar el servicio; y denuncia la trampa que supone, a su juicio, que una inversión en Villena beneficie a un Consorcio que —según el Ayuntamiento— no cumple la normativa estatal ni autonómica.

El Ayuntamiento recuerda además que el convenio adolece de contradicciones formales: en un mismo texto aparecen cifras dispares —39.000 toneladas, 46.800 toneladas y un incremento del 20% que llevaría a esa última cifra— y una redacción confusa sobre máximos y mínimos. Esa ambigüedad no es inocua: el equipo de Gobierno interpreta que el acuerdo implica una renuncia a la obligación del Consorcio de la Vega Baja de dotarse de infraestructuras propias, tal como exige la norma estatal y el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV).

Hay, por tanto, una doble lectura: técnica y de principio. Técnicamente, incrementos sostenidos de residuos comprometen la capacidad y la vida útil de una planta que ha recibido importantes fondos. De principo, Villena cuestiona que se externalice de manera permanente una responsabilidad que, según la normativa y la estrategia comarcal, debería resolverse en la propia Vega Baja.

La posición del Ayuntamiento no renuncia a la solidaridad —"podemos ser solidarios cuando a alguien le hacemos falta", señaló el concejal—, pero fija un límite claro: no asumirá como norma lo que otros territorios deben gestionar. Es una defensa de la legalidad, del interés vecinal y de la racionalidad técnica frente a un convenio que, en la lectura municipal, presenta más sombras que certezas.

La política local ha hablado con voz firme. Queda ahora por ver si el Consorcio CREA y las administraciones competentes responden con claridad jurídica y soluciones que eviten convertir en permanente lo que debe ser un esfuerzo compartido y regulado. Villena ha hecho su advertencia: no aceptará que su planta sirva de parche indefinido a problemas ajenos ni que se ponga en riesgo una inversión pública reciente.