Veintiséis años después, la verdad exige reparación: Dolores Vázquez y la asignatura pendiente del Estado

Hay heridas que no se suturan con ceremonias ni con palabras de ocasión. Dolores Vázquez, encarcelada erróneamente durante 519 días por el caso Wanninkhof y absuelta cuando emergió la verdad —la autoría de Tony King—, ha vuelto a pedir lo elemental: una disculpa y una reparación económica del Estado. No pide favores; reclama justicia material para compensar el calvario vivido.

La escena es elocuente. En Madrid, ante la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Vázquez recibe la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad. Un gesto institucional que brilla, pero que no sustituye a la decisión que solo el Gobierno puede tomar: reconocer con hechos el daño causado. La propia ministra lo reconoció en el acto: “hay que reparar”. Palabras justas, sí, pero insuficientes si no van acompañadas de la responsabilidad que impone el Estado.

No estamos ante un pleito retórico. Vázquez ha explicado con claridad lo vivido: 17 meses en prisión tras un juicio marcado por prejuicios y una cobertura mediática demoledora; años en los que “no podía salir a la calle”, sin poder inscribirse para cotizar y quedándose a dos años y dos meses de la pensión mínima. Ha señalado también la ausencia de una compensación real: negó haber recibido los 120.000 euros que se había dicho que le habían pagado. Son datos que obligan a cuestionar la eficacia de las medidas de la Administración para remediar daños tan extremos.

La dignidad de una sociedad se mide por su capacidad para reparar a quienes la Justicia y la prensa dañaron por error. Se celebra la medalla; se aplaude el reconocimiento público; pero la deuda persiste si no se traduce en una reparación tangible. Vázquez, que se exilió al Reino Unido tras su liberación en 2002 y hoy vive en Betanzos, merece algo más que símbolos: merece que el Estado decida con valentía y buena fe lo que ella ha reivindicado públicamente.

Que nadie confunda condescendencia con olvidos. La memoria exige actos. El Gobierno ostenta la facultad de cerrar una herida abierta hace veintiséis años: hacerlo sería dar la lección más elemental de responsabilidad democrática. No es un favor a una persona concreta; es una lección de Estado para que la verdad, una vez restituida, no quede reducida a un titular puntual, sino que se convierta en reparación efectiva y en garantía de que los errores que destruyen vidas no quedarán sin respuesta.