Vega Baja: la patética factura de no tener vertedero propio

La Vega Baja paga hoy, con dinero público y con paciencia ciudadana, la consecuencia directa de una ausencia estratégica: no disponer de instalaciones propias para el tratamiento de residuos. No es un problema abstracto; es una cadena de costes que se alarga kilómetros hasta Almería y Cuenca y que revientan los presupuestos locales.

Los decretos del Consorcio Vega Baja Sostenible no esconden la cruda realidad: ante la “carencia de instalaciones de tratamiento” en la comarca, los residuos municipales mezclados se derivan a plantas situadas fuera de la Comunitat Valenciana. El traslado no es anecdótico: documentación consultada señala que hacia Almonacid del Marquesado (Cuenca) se envían alrededor de 600 toneladas mensuales y que se estiman hasta 20.000 toneladas trasladadas a Almería. Son cifras que hablan de un problema estructural, no de una contingencia pasajera.

Y ese problema tiene precio. En la planta de Reciclados del Marquesado, el tratamiento y eliminación se cifra en 104,05 euros por tonelada —sin incluir IVA ni el impuesto estatal de vertido— y el transporte, por la distancia de casi 700 kilómetros por trayecto, añade 73,70 euros por tonelada. El total supera ampliamente los 170 euros por tonelada antes de impuestos. Hacia Albox (Almería) las cifras son algo menores, pero igualmente gravosas: 67,10 euros por tonelada de tratamiento y 40,90 euros por tonelada de transporte, rondando los 108 euros por tonelada antes de impuestos.

A esas cantidades hay que sumar la volatilidad: los precios pueden revisarse en función de la evolución de costes y del IPC, lo que introduce más incertidumbre en la planificación económica municipal. El propio consorcio reconoce que la solución adoptada es provisional, fruto de la falta de infraestructuras adecuadas en el territorio.

El impacto económico es ya tangible: entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, solo el transporte de residuos a plantas externas —sin contar el coste del tratamiento— superó los 3,19 millones de euros. Esa cifra obliga a los ayuntamientos a dos alternativas indeseables: repercutir subidas en la tasa de basura a la ciudadanía —en un momento delicado— o asumir un desequilibrio presupuestario que puede acabar asfixiándolos.

La Diputación de Alicante ha activado una ayuda: 162.200 euros para los 27 municipios del consorcio, destinada a sufragar el transporte. Una medida necesaria, pero limitada. Como ha señalado el presidente del consorcio, Francisco Cano, la subvención “será de ayuda, pero solo cubre una parte de los elevados costes de transporte”, y la solución real pasa por construir una planta de tratamiento en la comarca.

En paralelo, el consorcio trabaja en un proyecto de planta de tratamiento mecánico-biológico que, de materializarse, permitiría gestionar residuos en origen y mitigar tanto los costes económicos como el impacto ambiental del transporte a larga distancia. Hasta entonces, la Vega Baja seguirá pagando, literalmente, el precio de no tener lo básico en su territorio.