Vandalismo y censura: cuando la violencia sustituye al debate

Esta madrugada, varias sedes del Grupo Vocento y de la Cadena Ser en el País Vasco amanecieron mancilladas con pintadas que llaman a considerar a estos medios "cómplices de la miseria y de la guerra imperialista". La acción, reivindicada por la coordinadora Jarki, mostró en un vídeo a personas encapuchadas pulverizando consignas y arrojando pintura sobre instalaciones periodísticas en Vitoria y Donostia.

No se trata de una protesta más: es un acto directo contra la infraestructura de la información. Jarki ha calificado en su comunicado a Vocento y a la Ser como "portavoces del capitalismo y del imperialismo" y acusa a quienes trabajan en la prensa de Euskal Herria de servir "a la burguesía y al capital". Es legítimo criticar líneas editoriales; no lo es convertir la crítica en ataque físico y en campaña de desprestigio que busca silenciar.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha condenado el "ataque inaceptable contra la libertad de expresión". Esa condena debería resonar en todos los rincones donde aún se aprecia la convivencia democrática: libertad de prensa y seguridad de los profesionales son dos pilares que no admiten degradación por acción directa de grupos que se arrogan el derecho de juzgar y castigar in situ.

La escalada no es nueva en el historial de la coordinadora: Jarki ya reivindicó el pasado 25 de noviembre un ataque con pintura contra la sede de la patronal Adegi en San Sebastián. Hay un patrón claro: recurrir a la intimidación pública como método para "romper el silencio y la manipulación", según sus palabras. Pero ¿acaso pintar fachadas y lanzar consignas encapuchadas es el camino para ganar legitimidad? El envilecimiento del debate convierte a quien ataca en verdugo de la pluralidad.

La defensa de convicciones ideológicas no autoriza a confundir prensa con enemigo. Si la acusación es la pérdida de objetividad o la difusión de discursos de la burguesía, la respuesta democrática es más transparencia, más rigor, más discusión pública; no la corrosión del espacio público por medio de la coacción. Hoy son paredes y ventanas; mañana, si se permite la impunidad, podrían ser intimidaciones personales a periodistas o el cierre forzado de redacciones.

Quien aspira a transformar la sociedad debe asumir el riesgo de confrontar ideas en el ágora pública, no en la clandestinidad de la agresión. Defender la pluralidad y la libertad de expresión no es complacencia con todas las líneas editoriales: es sostener el marco que permite, precisamente, cuestionarlas y cambiarlas con argumentos, con periodismo competitivo y con participación ciudadana. Desviar ese combate al monocultivo de la violencia solo empobrece la democracia que todos reclamamos proteger.