Una cinta que sacude al poder: comisiones y conversaciones que exigen luz

La política española se topa, otra vez, con la cruda evidencia de las gestiones grabadas: Víctor de Aldama ha remitido al Tribunal Supremo un acta de una grabación en la que, según el documento, Koldo García conversa con José Luis Ábalos sobre el reparto de comisiones por la venta del cuartel general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

No son insinuaciones huidizas ni rumores sin soporte. La grabación, intervenida por la Guardia Civil al que fuera asesor personal del exministro de Transportes, fue realizada el 9 de abril de 2019 y, conforme al escrito presentado por la defensa de Aldama, corrobora lo declarado por el empresario en su reciente comparecencia. El letrado José Antonio Choclán pide que esa pieza sea reproducida en el juicio oral por su "singular importancia" para acreditar la veracidad de su cliente. Está, por lo demás, incorporada a la causa.

En el diálogo que aporta Aldama, Koldo alude a una oferta registrada por Aldama —la propuesta para quedarse con seis inmuebles en el entorno de Velázquez y María de Molina— y llega a cifrar en "5" el montante que generaría la operación para Aldama, con una comisión que "te corresponde" a Ábalos, según se escucha en la transcripción difundida. La Guardia Civil puntualiza que la parte en la que se pronuncia la cantidad que correspondería al entonces ministro es, en su transcripción, "ininteligible".

La conversación no se limita a cifras: Koldo reclama adjudicaciones a favor de empresas intermediadas por Aldama "aunque sea para cubrir algunos gastos mínimos" y menciona gestiones con la entonces jefa de Adif, Isabel Pardo de Vera, para que "a Víctor le tienen que dar algo". Es un tejido de peticiones y promesas que, si se confirman, describe la trastienda de una operación pública con actores políticos y privados entrelazados.

Contra lo sostenido públicamente por la ministra María Jesús Montero en el Senado —que negó que Aldama hubiera presentado carta alguna a la Sepi— la documentación manejada por este periódico y referida en el escrito del acusado apunta a que Aldama presentó formalmente una propuesta el 5 de noviembre de 2018. El 25 de marzo de 2019, el entonces presidente de Sepides, Antonio Cervera, informó que estaban analizando la oferta. Y el 24 de abril de 2019, Aldama llegó a tener firmado con Platinum Real Estate de Hong Kong una compra por 201 millones (sin IVA) por la sede central de la Sepi, según consta en los documentos citados.

Fuentes próximas a Aldama admiten que la operación no llegó a fructificar, aunque sostienen que durante meses trabajó sobre ella "con conocimiento y en coordinación con el grupo estatal". La operación, que incluía seis edificios —entre ellos sedes de Sepi, Sepides y el cuartel general de Navantia—, ocupaba cerca de 40.000 metros cuadrados y fue objeto de ofertas y comunicaciones internas entre administraciones y privados.

La grabación registra además otras gestiones que rozan lo institucional: peticiones a favor de ciudadanos españoles en Venezuela, mediaciones con Juan Guaidó a petición de Koldo, y menciones a comisiones vinculadas, al menos en la conversación, a una petrolera identificada erróneamente por la Guardia Civil como Sypco y cuyo nombre correcto es Citgo. Se repite un patrón ya publicado: Aldama aparece como intermediario habitual en estas operaciones.

También salen a relucir nombres de la administración y del partido: Carlos Moreno, entonces jefe de gabinete de la ministra Montero, es señalado por Koldo como actor en maniobras para facilitar aplazamientos de deuda o cobros. Son datos que figuran en la causa y que la defensa de Aldama quiere someter a comprobación pública en el tribunal.

No se trata aquí de sentencias anticipadas, sino de hechos que la instrucción y el propio proceso judicial deberán confirmar en sede oral. Lo que la grabación y la documentación aportada ponen en la mesa es, sin ambages, la necesidad de claridad: cuando operaciones sobre activos públicos implican conversaciones sobre reparto de comisiones y favores administrativos, la sociedad exige respuestas y el sistema judicial tiene la obligación de aportarlas.

Si la política quiere recuperar respeto y autoridad, lo exigente no es la retórica sino la transparencia: que el Tribunal Supremo examine la cinta, que las piezas documentales sean aireadas en el juicio y que se despejen dudas sobre cómo se gestionan los activos del Estado. No hay patriotismo posible sin rendición de cuentas.