Un Mundial dividido: cuando la política de Trump entra al estadio

La Copa del Mundo 2026, vendida por la FIFA como la más inclusiva y monumental de la historia, aparece ante nosotros con una doble realidad: por un lado, el espectáculo futbolístico; por otro, un tablero geopolítico que atraviesa estadios y gradas. No es una hipérbole: los hechos registran que la participación de Irán y las decisiones del Gobierno de Estados Unidos han convertido al torneo en un campo de tensiones internacionales.

Que un presidente de la magnitud de Donald Trump advierta públicamente que no era "apropiado" que Irán participara por "su propia vida y seguridad" no es una frase menor en el contexto de un Mundial coorganizado por EEUU. Ese pronunciamiento, junto con la sugerencia —vía un enviado especial— de sustituir a Irán por otra selección, introducen claramente consideraciones políticas en la gestión de la competición.

Los hechos confirman la interferencia: la selección iraní trasladó su base de operaciones de Estados Unidos a México tras los ataques y represalias entre EEUU, Israel e Irán iniciados en febrero, y la federación iraní ha denunciado la denegación de visados a directivos y técnicos. Asimismo, se informó de instrucciones a jugadores para entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de sus partidos en la fase de grupos. La FIFA dice estar trabajando para "maximizar las oportunidades" de que los seguidores iraníes asistan, pero la revocación de entradas por parte de Irán y las restricciones anunciadas plantean dudas sobre la injerencia de consideraciones políticas en el mayor evento futbolístico del mundo.

No es la primera vez que las políticas migratorias estadounidenses tensan el vínculo entre deporte y Estado. Ya en 2017, en el primer mandato de Trump, Infantino advirtió que la prohibición de entrada a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana podía ser incompatible con el reglamento del campeonato. Hoy, el eco de aquella advertencia resuena con fuerza: restricciones de ingreso y decisiones administrativas vuelven a incomodar la organización de un torneo que, por su magnitud, exige neutralidad y previsibilidad.

El resultado es un Mundial cargado de simbolismos. En Los Ángeles, con una gran comunidad iraní, se jugarán partidos con prohibiciones sobre banderas históricas y con el incómodo trasfondo de visados y seguridad. En Tijuana, la presencia de Irán expone tensiones regionales en un municipio fronterizo. Y en la Ciudad de México, mientras el Estadio Azteca se prepara para hacer historia, la indignación por los precios y la inseguridad local convive con manifestaciones y protestas.

El deporte, que debería ser refugio de entusiasmo compartido, se ve atravesado por la política exterior y las decisiones internas de gobiernos. Los hechos —las advertencias del presidente Trump, las mudanzas de sede de selección, las denegaciones de visado y las restricciones prácticas— no son interpretaciones: son realidades que ponen en jaque la promesa de un Mundial que aspiraba a unir. Si se pretende que el fútbol siga siendo aquello que decía ser —un lenguaje universal— habrá que enfrentarse, con hechos y voluntad, a las consecuencias que la política de puertas cerradas impone sobre el césped.