Un millón y medio de preguntas: la indemnización que no zanja la sospecha

La justicia fijó un final provisional al conflicto: Mapfre aceptó indemnizar con 1.150.000 euros a un trabajador que había denunciado irregularidades en una sociedad mixta participada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y una filial de la aseguradora. Un acuerdo que se produjo minutos antes de la vista prevista el 10 de abril y que, por su propia naturaleza, no responde a preguntas esenciales sino que las deja en suspenso.

El denunciante, abogado con más de treinta años en la multinacional, contó su experiencia desde el anonimato en un acto de la Fundación Ortega Marañón celebrado el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Relató haber alertado por el canal interno sobre un presunto caso de nepotismo en la sociedad Cementerio Jardín de Alcalá de Henares —participada al 51% por el Ayuntamiento y al 49% por una filial de Mapfre— y haber sido suspendido fulminantemente, para ser despedido en febrero de 2025.

Los hechos que denunció fueron concretos: el 1 de octubre de 2020 la sociedad contrató como adjunto a la gerencia a Luis Marco Sepúlveda, hijo de un consejero de la multinacional, con 25 años y un salario inicial de 32.000 euros brutos. Según la cláusula novena del contrato, esa contratación podría ser cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Un año después, tras lo que el denunciante califica como "un concurso a medida" y siendo el único candidato, Marco Sepúlveda ascendió a director gerente y dobló su salario. El entonces secretario del consejo pidió la documentación del proceso y sostiene que en el primer contrato no hubo publicidad ni bases.

El calendario de los hechos resulta llamativo: la política anticorrupción de la sociedad se aprobó el 18 de diciembre; la denuncia del secretario se formuló el 9 de enero; y el 17 de febrero siguiente había sido despedido. El propio denunciante relató que, pese a sus décadas en la multinacional, "no ha vuelto a pisar la oficina" y que fue expulsado por el jefe de seguridad.

Mapfre y el Ayuntamiento han respondido con comunicados que no conjuran las dudas planteadas por la documentación y por la cronología. La aseguradora afirmó que el despido disciplinario "no guarda relación con ninguna denuncia" y subrayó que investiga supuestas irregularidades mediante los canales establecidos. El Ayuntamiento defendió que, aunque ostenta la mayoría accionarial, la gestión diaria corresponde a la gerencia y remitió a responsables de gestiones anteriores para aclaraciones. Ninguna de las partes aportó en público los detalles del concurso ni explicaciones concretas sobre la supuesta concurrencia de mérito, capacidad y publicidad en la contratación.

Mapfre, además, ofreció —según trascendió— sellar el asunto con un acuerdo de confidencialidad, recurso que la ley de informantes deja sin efecto cuando pretende limitar el derecho a comunicar irregularidades. El acuerdo indemnizatorio, en cambio, quedó consumado antes de la celebración del juicio, lo que evita ahora un pronunciamiento jurisdiccional sobre la relación entre la denuncia y la represalia alegada.

El relato incluye el coste humano: el denunciante aseguró haber perdido 15 kilos y estar en tratamiento farmacológico tras la experiencia. Son datos que hablan de consecuencias personales y laborales y que acompañan a un expediente que, por el momento, se resuelve en lo económico pero no en lo institucional ni en lo ético.

Queda en pie la incógnita que ninguna suma de dinero por sí sola borra: en una sociedad mixta con participación pública, cuando la contratación afecta a familiares de quienes ocupan puestos de influencia, la transparencia y la rendición de cuentas no son un adorno, sino una exigencia democrática. Los comunicados oficiales y la indemnización parcial no sustituyen la obligación de explicar cómo se confeccionó un concurso o por qué sus comités dependían de quien tenía interés directo en los nombramientos. El tribunal recibió la cifra; la ciudadanía merece las respuestas.