Un millón de viviendas: apuesta ambiciosa y contrarreforma prevista

El PP ha presentado en el Congreso una proposición de ley que promete una meta rotunda: construir un millón de viviendas en cuatro años. No es una promesa retórica: el texto recoge medidas concretas para liberar suelo, agilizar licencias y revertir partes de la legislación vigente que, según sus promotores, ralentizan la oferta de vivienda.

La iniciativa plantea una clara vuelta atrás respecto a la Ley de Vivienda de 2023. Suprime la declaración de zonas de mercado tensionado, elimina los índices de precios del alquiler y el control de rentas y deroga la obligación impuesta a los grandes tenedores de prorrogar contratos para inquilinos en situación de vulnerabilidad. Son cambios de calado que buscan, en palabras del PP, dar seguridad jurídica y dinamizar el desarrollo urbano.

En materia de desahucios y protección de moradores vulnerables, la proposición también modifica plazos y umbrales: acorta los tiempos de suspensión de desalojos por vulnerabilidad —de dos a un mes para demandantes físicos y de cuatro a tres meses para jurídicos— y endurece el umbral de ingresos que define la vulnerabilidad económica. Es una reforma que inclina el peso de la norma hacia la agilización de recupero de la vivienda por parte de propietarios, tanto físicos como jurídicos.

Para aumentar la oferta de suelo y evitar que los planes urbanísticos queden paralizados por formalismos, el texto introduce novedades en la Ley del Suelo. Propone que defectos menores permitan la subsanación de planes en lugar de su anulación automática y limita la nulidad de actos y planes derivados que sean conformes a derecho. Además, fija un plazo de cuatro años para la impugnación indirecta de planes territoriales, tratando así de dar certidumbre temporal a los desarrollos urbanísticos.

En la esfera administrativa, la propuesta busca acelerar la tramitación de nuevas promociones: establece silencio administrativo positivo para licencias de edificación de nueva planta si la administración no resuelve en tres meses, con la excepción de suelos protegidos o históricos. Asimismo, dispone que los informes preceptivos de otras administraciones se consideren favorables si no se emiten en plazo, con el objetivo declarado de impedir el bloqueo de proyectos.

El trámite parlamentario se abrirá tras el debate y la votación en el pleno. Para que la iniciativa inicie su tramitación, el PP necesitaría el apoyo de Vox y la abstención o el respaldo de formaciones como Junts o el PNV. La Cámara decidirá si acepta debatir estas reformas que, en esencia, buscan mayor oferta de vivienda mediante desregulación y agilidad administrativa, y que a la vez revocan instrumentos de control introducidos en 2023.

La confrontación será inevitable: se enfrentan dos visiones sobre la política de vivienda. Una que prioriza la desburocratización y la recuperación rápida por parte de propietarios; y otra que defiende controles y protecciones como herramientas para contener precios y proteger a los más vulnerables. El Congreso tiene ahora en sus manos la decisión sobre el rumbo legislativo en vivienda para los próximos años.