Un máster, dos cartas y la trenza judicial: el ‘caso Begoña’ en clave de Estado

Hay causas que se parecen a un tejido enmarañado: hilos, nudos, hebras que se cruzan y dejan a la vista algo más que lo que aparentan. El sumario que pesa sobre Begoña Gómez —más de 5.000 folios distribuidos en 28 tomos— no es una excepción. Lo que aparece en él es, además de hechos concretos, un problema de interpretación y de límites: ¿qué diferencia a ejercer una influencia legítima de tejer una red de favores? ¿Dónde termina la esfera privada de un cónyuge presidencial y dónde comienza la responsabilidad penal?

El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha decidido dar por concluida la instrucción abierta en abril de 2024 y procesar a Gómez junto a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Es un acto decisivo que coloca el asunto en clave penal y somete a juicio —en su hipótesis— conductas cuya frontera con la normalidad institucional es objeto de disputa.

No es lo llamativo sólo que haya imputación. Lo que llama poderosamente la atención es la fractura que atraviesa la propia pieza: las defensas acusan al magistrado de mentir y de retorcer hechos para encajarlos en el Código Penal; y las acusaciones —públicas y privadas— ni siquiera coinciden entre sí en qué delitos deben ir a juicio ni en quiénes deben sentarse en el banquillo. Esa discordia no es menor: anuncia un proceso en el que la evidencia, la narrativa y la interpretación jurídica arrancarán, desde el principio, con público y acusadores en posiciones antagónicas.

El núcleo factual que justifica la instrucción no carece de concreción: la creación, el 30 de octubre de 2020, de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense que pendía de un máster bautizado como Transformación Social Competitiva, de la que Gómez pasó a ser co-directora; la existencia de un correo del 12 de diciembre de 2019 en el que ella solicita a Barrabés que rellene una hoja para presentar el máster; y dos cartas de apoyo firmadas por Gómez en julio de 2020, remitidas durante la tramitación de un concurso público en el que participó una empresa vinculada a Barrabés (Innova Next), que luego logró adjudicaciones por, respectivamente, 7,7 millones y 4,4 millones de euros en julio y agosto de 2021.

El juez articula su tesis sobre la idea de que la condición de “esposa de” habría abierto puertas que de otra manera no se habrían abierto: apunta a la reunión con el rector en La Moncloa en julio de 2020 y observa que tres meses después nace la cátedra que Gómez codirige. No hay, según el sumario, mensajes o testigos que documenten presiones directas; el argumento se sostiene en conexiones temporales, en relaciones y en la proyección académica que el magistrado atribuye a Barrabés sobre el diseño del programa.

Las defensas tienen, por su parte, explicaciones palpables: la vinculación de Gómez con la Complutense se remonta a 2014, cuando ya codirigía un máster en fundraising; la propia acusada alegó que la reunión en La Moncloa respondía a circunstancias de la pandemia y a la logística de seguridad; y hay testimonios del vicerrector que no tildan la creación de irregular. Es decir: el mismo entramado de hechos admite, con las mismas piezas, lecturas antagónicas.

Y luego están las cartas: además de las remitidas por Gómez, en el expediente constan una treintena de misivas de grandes tecnológicas —IBM y Microsoft entre ellas— y del Ayuntamiento de Madrid. El hecho de que otras empresas y administraciones remitieran apoyos relativiza la singularidad de las comunicaciones firmadas por la codirectora de la cátedra, pero no borra su existencia ni su posible repercusión en la adjudicación de contratos públicos.

De fondo, y quizá lo más relevante para la vida institucional, se desliza un debate que durante años ha tenido más ruido que ley: ¿qué papel puede y debe desempeñar el cónyuge del presidente del Gobierno? ¿Qué límites éticos y jurídicos rigen su actividad profesional cuando el titular del Ejecutivo ocupa La Moncloa? El caso trae esa pregunta al primer plano, sin respuestas fáciles y con una instrucción que, por su propia conducción, añade controversia a la controversia.

Quedan por delante los caminos procesales: la Fiscalía ha pedido el archivo, las defensas denuncian manipulaciones y el instructor ha decidido procesar. El resultado —si llega a juicio y cuál será su desenlace— dependerá de cómo nueve ciudadanos legos interpreten, en su momento, pruebas y motivaciones jurídicas. Pero ya hoy, con la causa en la palestra, España asiste a un pulso sobre la interpretación de la influencia, la transparencia y los límites de la actividad privada cuando se mezcla con lo público. Un pulso que no sólo decidirá sobre culpabilidades individuales, sino que marcará el horizonte de lo admisible para quienes acompañan a quienes gobiernan.