Un héroe condecorado bajo la sombra de la ley: Australia enfrenta sus propios demonios

La noticia cayó como un choque de realidad: Ben Roberts‑Smith, el militar australiano vivo más condecorado, fue detenido en Sídney y enfrenta acusaciones formales por presuntos crímenes cometidos en Afganistán entre 2009 y 2012.

No hablamos de rumores: la Policía Federal Australiana anunció que será imputado por un cargo de crimen de guerra de asesinato, uno por coautoría y tres por asistir, instigar o procurar asesinatos. Es el resultado de una investigación que enlaza con hallazgos contundentes previos y decisiones judiciales publicadas.

Hace años que la historia de Roberts‑Smith dejó de ser la de un héroe incontestado. Un tribunal civil, en un prolongado juicio por difamación terminado en 2023, concluyó —bajo el estándar civil del balance de probabilidades— que había participado en al menos cuatro asesinatos de afganos desarmados. Él niega categóricamente cualquier delito y calificó las acusaciones como “atroces” y “malintencionadas”.

El telón de fondo es el Informe Brereton de 2020, que halló pruebas creíbles de que soldados de élite australianos habían asesinado ilícitamente a 39 personas en Afganistán y recomendó investigar a 19 miembros de la Fuerza de Defensa Australiana. De esa recomendación nació la Oficina del Investigador Especial (OSI), encargada de sondear estos hechos a miles de kilómetros del terreno donde ocurrieron.

La OSI, consciente de las dificultades —ausencia de acceso a escenas, falta de pruebas forenses directas y la distancia geográfica— consideró la detención de Roberts‑Smith «un paso significativo». Hasta la fecha, aparte de esta detención, la oficina solo ha imputado a otra persona.

En Canberra, el primer ministro Anthony Albanese se ha abstenido de comentar, recordando la necesidad de evitar injerencias políticas en un proceso que ya ocupa tribunales y organismos especializados. Mientras tanto, el Monumento Conmemorativo de la Guerra de Australia ha anunciado que revisará la exposición dedicada a Roberts‑Smith, cuya placa y presentación han sido actualizadas repetidamente a medida que han ido surgiendo las acusaciones y el fallo civil.

Este caso concentra tensiones: el relato público de heroísmo que acompañó a Roberts‑Smith desde sus condecoraciones y la versión judicial que ha reconocido, en sede civil, conductas letales contra detenidos desarmados. No se han dictado condenas penales —las imputaciones están aún por ser evaluadas bajo el estándar penal— y el acusado mantiene su negativa.

La detención obliga a la sociedad a sostener dos exigencias simultáneas: respeto al debido proceso y firmeza en la investigación de hechos graves. Australia, como cualquier nación que venera a sus fuerzas armadas, debe permitir que la ley explore con rigor lo sucedido, sin ceder ni a la mitificación ni a la impunidad.