Un cable, una ruptura: cómo un proyecto chino encendió la transición chilena y la sanción de EE. UU.

No es una simple polémica administrativa: es la fractura visible de un ritual democrático que Chile cuidó durante décadas. A ocho días del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast decidió abandonar abruptamente las reuniones de coordinación con el presidente saliente Gabriel Boric. ¿La causa? Un proyecto de fibra óptica de origen chino y la decisión de Estados Unidos de sancionar a tres autoridades chilenas.

La sanción estadounidense, anunciada el 20 de febrero, revocó la visa del ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, del subsecretario Claudio Araya y del jefe de gabinete Guillermo Petersen, acusándolos de “socavar la seguridad regional” según el comunicado de Washington. Boric calificó la medida como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”. Ese choque de definiciones no quedó en lo diplomático: prendió la mecha política que terminó por suspender el tradicional traspaso ordenado y respetuoso.

¿De qué se trataba el proyecto que detonó todo? Un cable submarino que uniría Hong Kong con la región de Valparaíso, impulsado por China Movil International. En contraste con la versión inicial del gobierno —que aseguró que la iniciativa estaba en evaluación y que el canciller Alberto Van Klaveren lo comunicó así al embajador de EE. UU., Brandon Judd—, la prensa local reveló que el ministro Muñoz había firmado un decreto el 27 de enero aprobando la concesión para construir el cable. Ese decreto fue anulado 48 horas después, aduciendo “errores de tipeo”.

La secuencia tiene la aspereza de un relato de descoordinación: advertencias de Washington sobre riesgos geopolíticos; una concesión firmada y luego anulada; versiones oficiales que no coincidían. Boric sostiene que habló “semanas antes” con Kast para transmitirle su percepción del asunto y las amenazas de EE. UU., e incluso afirmó que quiso conversar “específicamente sobre el cable submarino”. En el entorno del presidente electo, sin embargo, se interpretó que aquella llamada no fue una explicación detallada, y el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que Kast “nunca fue informado ni tuvo conocimiento” en los términos que Boric describía.

El choque de versiones llevó a una exigencia insólita: Kast pidió una retractación pública de Boric sobre lo dicho en la entrevista televisiva; Boric se negó; Kast dio por terminada la reunión y canceló todas las demás citas de coordinación planificadas. Un incidente sin precedentes desde el retorno a la democracia, que deja en evidencia no solo la sensibilidad del proyecto en clave internacional, sino también la fragilidad de las prácticas democráticas cuando las gestiones públicas no van de la mano de la claridad informativa.

Quedan en el aire preguntas que solamente los hechos pueden responder: ¿qué se comunicó efectivamente entre presidentes y en qué términos? ¿por qué se produjo la decisión administrativa que luego se anuló a las 48 horas? Y, sobre todo, ¿cómo afectará esta ruptura a la ceremonia de traspaso del 11 de marzo y a la relación futura entre Chile, Estados Unidos y China? Mientras tanto, la presidencia saliente y la entrante han puesto sobre la mesa, en plena transición, el costo político de un proyecto tecnológico que se convirtió en una cuestión de seguridad y confianza internacional.