Un borrador que divide y castiga a quienes nos protegen

El Tribunal Supremo obligó al Gobierno a iniciar el procedimiento para regular la jubilación anticipada de la Policía Nacional. Fue el 21 de mayo del año pasado; y esa obligación ha tenido que ser recordada mediante un procedimiento de ejecución forzosa apenas hace un mes. El Ejecutivo ha respondido con un borrador de real decreto que, sobre el papel, pretende cerrar una vieja desigualdad. En la práctica, la norma encierra exclusiones y recortes.

El texto que maneja Interior limita el alcance de la medida exclusivamente a los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Quedan fuera, por tanto, los policías nacionales adscritos al régimen de Clases Pasivas y, por extensión, muchos de los miembros del Instituto Armado que denuncian idéntica situación por su “naturaleza militar”. El resultado es frío y elemental: apenas un tercio de los agentes quedaría efectivamente habilitado para la jubilación anticipada, mientras que dos tercios seguirían sin acceso, pese a años de servicio y riesgo.

La Confederación Española de la Policía ha sido tajante: la norma “amputa el derecho a la jubilación anticipada a dos tercios de los policías”. Esa valoración no es una hipérbole retórica; es la constatación del efecto real del borrador. Y cuando una medida que nace con la intención de corregir desigualdades termina por perpetuarlas, estamos ante un fracaso político, no ante un avance histórico.

Hay además un coste práctico e inmediato que el Gobierno no asume: la jubilación anticipada prevista en el proyecto no sería neutra para la nómina de los afectados. Según explican desde la CEP, el mecanismo plantea una cotización adicional del 10,6% cuyo reparto reduce la aportación estatal al 8,84% y obliga al policía a contribuir con un 1,76%. Es decir, quien quiera acogerse a una jubilación anticipada verá mermada su retribución para financiarla. Esa letra pequeña convierte una pretendida conquista en una penalización económica.

El propio contenido técnico del borrador se parece al de otros coeficientes reductores ya vigentes: coeficiente de 0,20 por año completo, adelanto máximo de cinco años (o seis si se acreditan 37 años de actividad efectiva y cotización) y cómputo como cotizado del tiempo de reducción a efectos de la base reguladora. Pero la técnica no compensa la injusticia: no es igual reconocer condiciones especiales para un colectivo y excluir a otros que realizan la misma labor de riesgo.

La respuesta de los sindicatos y asociaciones ha sido contundente. La CEP declaró conflicto colectivo permanente y se ausenta del Consejo de la Policía. Asociaciones representativas de la Guardia Civil, unidas, abandonaron el Pleno del Instituto Armado en protesta por la tramitación del real decreto que, según denuncian, reconoce la profesión de riesgo solo para parte de la Policía Nacional. Reclaman ser convocados por la Secretaría de Estado de Seguridad o por el ministro Fernando Grande-Marlaska para negociar igualdad de condiciones económicas.

Hay también voces que ven una rendija: JUPOL recuerda que la apertura normativa nace de una sentencia ganada en el Supremo y sostiene que, aunque por ahora solo alcance a quienes están en la Seguridad Social, puede abrir camino para incorporar más colectivos, incluidas las Clases Pasivas. Son matices sobre un texto que, sin embargo, hoy divide, reduce derechos y carga costes sobre quienes sirven.

Si el objetivo es reparar desigualdades, el borrador no cumple. Si la intención es vender un avance histórico, la realidad se le resiste. La política no puede contentarse con medias soluciones: cuando se trata de seguridad y reconocimiento a quienes arriesgan la vida por los demás, la letra del reglamento debe igualar, no fragmentar; debe asumir el coste, no pasarlo al compañero; debe cerrarse en condiciones de justicia y no supeditarse a presupuestos que aún no están. España merece coherencia y respeto hacia sus fuerzas de seguridad, no parches que perpetúen agravios.