Un año después del apagón: pedir responsabilidades es exigir dignidad nacional

Hace exactamente un año, el 28 de abril de 2025, España se fue a negro. Doce horas de caos —en algunos lugares más, en otros hasta veinticuatro— que no pueden ser reducidas a una anécdota técnica ni a un accidente impredecible. Alberto Núñez Feijóo ha trasladado hoy al Congreso esa evidencia con una claridad que el Gobierno sigue sin ofrecer: lo ocurrido no fue un cisne negro, afirma, sino el resultado directo de decisiones políticas desconectadas de la realidad tecnológica.

En las jornadas convocadas por el principal partido de la oposición, Feijóo no se ha limitado a la retórica: ha señalado nombres propios. Beatriz Corredor, Teresa Ribera, Sara Aagesen y Pedro Sánchez son, en su diagnóstico, responsables del «gran apagón» y, por tanto, de la obligación de dimitir. Esa petición no es un gesto simbólico; es la exigencia mínima de responsabilidad pública cuando un país, su economía y su seguridad sufren un colapso de esta magnitud.

El presidente popular ha trazado además una hoja de ruta de principios: ofrecer propuestas de «sentido común y realidad tecnológica», ampliar la vida útil de las centrales nucleares, diversificar el mix energético con fuentes síncronas, «despolitizar Red Eléctrica», mejorar la protección de consumidores e industrias y exigir transparencia sobre lo sucedido. Son medidas que reclaman técnica antes que ideología y gestión antes que eslóganes.

Feijóo ha subrayado el coste real del apagón: no sólo la factura eléctrica, sino el colapso de las redes de transporte y el encarecimiento por dependencia del gas. Ha advertido que, paradójicamente, España es hoy más dependiente del gas que antes del apagón y que ello ha supuesto financiar, en la práctica, la guerra de Putin por el incremento de compras de gas. Son palabras duras, que señalan consecuencias económicas y estratégicas que no deben soslayarse.

La denuncia contra la «ideologización» de la política energética es la médula del mensaje: cuando las leyes de la física se subordinan a decisiones partidistas, el resultado puede ser un apagón nacional. Y cuando no hay explicaciones claras ni asunción de responsabilidades, crece la indignación y desciende la confianza ciudadana en quienes gobiernan.

Feijóo añadió al cierre del acto una condena rotunda del intento de atentado contra Donald Trump: «la política es discusión, no los balazos contra un político, sea quien sea». Es un recordatorio de que la defensa de la vida civil y del debate político como cauce legítimo es también parte de la responsabilidad de los líderes.

Exigir dimisiones, exigir claridad técnica y reclam ar un plan energético coherente no es revancha partidista; es obligación patriótica. Un país desarrollado no puede permitirse que un fallo de gestión deje a amplias zonas sin luz ni respuestas. Que la política vuelva a su sitio: la técnica, la responsabilidad y la verdad por delante.