Un acuerdo que desnuda la soberanía: el SOFA entre Paraguay y EE. UU.

El Gobierno paraguayo promulgó un texto que no es menor: el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) con Estados Unidos, un convenio que habilita y regula la presencia temporal de personal militar, civil del Pentágono y empresas vinculadas en territorio paraguayo. Fue anunciado como marco jurídico para visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares, y ratificado por el Congreso después de un proceso que encendió el debate público.

No se trata de una ocurrencia aislada: la iniciativa fue acordada en diciembre por el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, y el propio Departamento de Estado de EE. UU. la describió ante la prensa como un “estándar de oro” dentro de este tipo de acuerdos. Palabras que, lejos de apaciguar, señalan la magnitud del compromiso asumido.

Para el Ejecutivo y sus defensores —entre ellos el diputado oficialista Juan Manuel Añazco— el SOFA es una “obligación estratégica” destinada a regular una cooperación que, dicen, ya existía y necesitaba reglas claras. Esa lectura choca frontalmente con la de la oposición: diputados como Adrián Vaesken y dirigentes del Frente Guasu han hablado de “antipatriotismo” y de “injerencia directa”. La división en el Congreso no es un detalle: es el espejo de una sociedad que reclama explicaciones.

El acuerdo concede “privilegios, exenciones e inmunidades” al personal estadounidense, y sitúa a Paraguay en una lista corta de países de la región que alcanzan ese “estándar de oro”: Ecuador, El Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago, Honduras, Belice y Guatemala. Esa enumeración no es accidental; muestra hasta qué punto Washington afina relaciones selectas en América Latina.

Los especialistas consultados por la fuente señalan que, más que un cambio de rumbo, esto es una profundización de vínculos históricos. Gregory Ross habla de niveles de cooperación “sin precedentes” en los últimos años, y Juan Battaleme subraya que, para Estados Unidos, estos acuerdos forman parte de una estrategia mayor de defensa y control regional. Son juicios que, según la nota, explican por qué la firma llegó poco después de la participación del presidente Peña en la cumbre Escudo de las Américas, donde se avanzó en la creación de una Coalición Anticarteles.

No olvidemos lo práctico: antes del SOFA, la presencia militar estadounidense en Paraguay se circunscribía a capacitación, operaciones antinarcóticos e intercambio de inteligencia. Hoy, ese marco se codifica en un tratado con efectos jurídicos y políticos. ¿Queda alguna cuestión pendiente? Sí: la sociedad y sus representantes han de evaluar con serenidad y rigor si ese marco responde a la protección del interés nacional o si, por el contrario, implica concesiones que alteran el equilibrio de la soberanía.

El país se enfrenta a una decisión de alcance: asentar juridicidad en la cooperación internacional o aceptar, sin suficiente consenso, un arreglo que para muchos implica privilegios que trascienden lo técnico. En democracia, las grandes encrucijadas requieren transparencia, debate y respuestas a las inquietudes que legítimamente han surgido en el seno del Congreso y de la opinión pública.