Transparencia o corcholatas: Vox responde y no esclarece

En política hay dos formas de afrontar la sospecha: abrir las ventanas o cerrar filas. Vox ha elegido la segunda opción retórica y la primera de la defensa corporativa. El partido ha emitido un comunicado en el que reivindica el “inmejorable trabajo realizado por Tizona Comunicación” —la empresa vinculada a Gabriel Ariza y Kiko Méndez‑Monasterio, asesores próximos a Santiago Abascal— y agradece “los logros cosechados durante esos años cruciales para el partido”. Punto y seguido. Sin números públicos, sin desglose en el documento que la propia formación ha divulgado.

Los hechos conocidos no son triviales. Voces críticas —entre ellas ex dirigentes que piden revisión— han puesto el foco en los contratos con terceros y en la coexistencia de un “entramado de entidades” que, según señalan las críticas, reciben recursos del partido a través de servicios contratados. El propio Juan García‑Gallardo, citado en la cobertura, aludió a esa preocupación por la contabilidad externa. Y la pieza de prensa citada recoge una cifra significativa: casi 1,3 millones de euros que, según El País, Tizona habría facturado a Vox en un solo año. No es una afirmación del partido; es una información publicada por otro medio y mencionada en el relato público.

La réplica parlamentaria, en boca de Pepa Millán, no desmonta el inesperado dato: la portavoz sitúa la contratación de Tizona en la normalidad de cualquier partido que recurre a una consultora para asesoramiento político y remite al Tribunal de Cuentas, donde —dice Vox— está registrada la contabilidad. Sin embargo, el propio documento que Vox ha hecho público no detalla cuánto se ha pagado anualmente a esa sociedad ni qué partidas específicas cubrieron esos pagos. Esa ausencia de desglose es la que alimenta la inquietud: se afirma la legalidad, se reivindica la eficacia, pero no se transparenta el montante concreto en el informe de acceso ciudadano.

Los antecedentes que el propio partido reconoce también ayudan a situar la discusión. Vox admite que contrató con Tizona tras las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, y que en 2019 la consultora prestó servicios de asesoría en comunicación, diseño y producción de materiales audiovisuales, gestión de la página web y formación de candidatos. Es plausible —sobre la base de lo declarado por el partido— vincular esos servicios a los avances electorales de esa etapa, pero esa conexión no elimina la necesidad de claridad contable cuando se trata de fondos manejados por una formación política.

La tensión interna del partido, con un núcleo originario dividido en dos, añade combustible al debate: las críticas internas de ex dirigentes como Iván Espinosa de los Monteros reavivan la demanda de transparencia. Vox, por su parte, denuncia que molesta que el partido “esté cosechando sus mejores resultados” y apela al esfuerzo; una respuesta política eficaz en términos de relato, menos contundente en términos de documentación pública.

No se están pidiendo juicios sumarísimos ni acusaciones gratuitas: los elementos públicos reclaman un gesto mínimo de claridad. Si los contratos están auditados y obran en el expediente del órgano fiscalizador, cabe facilitar a la opinión pública —más allá del circuito administrativo del Tribunal de Cuentas— un mayor detalle que despeje dudas y silencie especulaciones. En ausencia de ese desglose, la defensa del “inmejorable trabajo” suena inapelable, pero la opacidad continúa siendo la duda que contamina la narrativa vencedora.