Transparencia en entredicho: Ferraz y las sombras del efectivo

La sesión novena del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha puesto sobre la mesa un objeto que todos pensaban ya visto: el efectivo. No era, sin embargo, la causa principal juzgada en el Tribunal Supremo; pero la comparecencia del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y de la trabajadora encargada de las liquidaciones ha demostrado que los asuntos secundarios suelen adquirir, en los tribunales, la virtud de convertirse en detonante.

El exgerente ha sido claro en lo esencial: los pagos en metálico que recibieron Ábalos y su antiguo asesor se correspondían, según su relato, con reembolsos de gastos —comidas, alojamientos, transportes, gasolina, peajes— tramitados con tickets y hojas de liquidación autorizadas. El dinero procedía de una cuenta específica del partido y, cuando era preciso, el banco suministraba efectivo a través de una empresa de seguridad. Ese esquema es la versión oficial que ha contrapesado las sospechas que la UCO dejó apuntadas en su informe.

No es menor que Moreno afirmara que nunca se solicitaron billetes de 500, 200 o 100 euros, y que, por tanto, no sería posible la recogida en Ferraz de sobres con supuestos apelativos en clave que la Guardia Civil relacionó con grandes denominaciones. Esa negación, pronunciada ante el tribunal, equivale a una barrera firme contra la hipótesis de pagos en efectivo masivos y no fiscalizados procedentes del partido.

Pero el relato no cierra todas las ventanas. El interrogatorio ha destapado lagunas: hojas de liquidación con importes elevados, firmadas pero sin fecha ni concepto claro, provocaron preguntas y protestas en la sala. La defensa presentó esos documentos buscando explicar la procedencia de fondos en metálico; la acusación popular y el abogado Durán replicaron advirtiendo sobre el origen dudoso de las hojas y la imposibilidad de dar por hecho que procedieran de la gerencia del PSOE.

Aquí se establece la tensión principal: el exgerente sostiene que no es posible que existan reembolsos sin justificación previa y documentada, y afirmó, taxativo, que Ábalos y Koldo no pudieron recibir efectivo entregado por el partido que no estuviera previamente justificado. Frente a esa conclusión se exhiben documentos que generan más preguntas que respuestas y que dejan en evidencia que el control administrativo, aun existente, admite revisiones y comprobaciones.

No hay que perder de vista que la Fiscalía Anticorrupción no solicitó estas comparecencias y que, una vez celebradas, no formuló cuestiones que sugirieran hallazgos relevantes. No obstante, las acusaciones populares entendieron que el asunto debía colarse en la vista y las defensas quisieron mostrar un manejo de efectivo de origen legal. El resultado ha sido un interrogatorio áspero, con el tribunal pidiendo constantemente reconducir el debate: no tanto un juicio sobre Ferraz como la puntual comprobación —y, por ello, la puesta en duda— de cómo se administraban ciertos fondos.

La enseñanza provisional es doble y severa: por un lado, el testimonio del exgerente frena la versión más grave de la hipótesis investigativa; por otro, los documentos inconclusos y las lagunas procedimentales reclaman una investigación paralela y minuciosa. En democracia, la electricidad que genera una sospecha exige tanto la luz de la transparencia como la paciencia de la comprobación. Cuando los ciudadanos oyen «caja», «sobres» y «reembolsos» en el mismo aliento, reclaman claridad y no eufemismos. Y el tribunal, más allá de las defensas y las estrategias procesales, cumple su papel: desbrozar hechos, no alimentar relatos.

No se pueden hacer afirmaciones más allá de lo declarado: el exgerente negó pagos en metálico no justificados por el PSOE a Ábalos y a su asesor; existen, sin embargo, documentos y procedimientos que reclaman escrutinio. Que ese escrutinio continúe, con rigor y sin dogmas, es la única respuesta digna para quienes exigen que la política se ejerza bajo la luz y no en la penumbra de las conjeturas.