Torrevieja en la encrucijada: crecimiento a cualquier precio o planificación responsable

La política municipal debería ser contención responsable, no una sucesión de fotografías propagandísticas. En Torrevieja, la modificación puntual del Plan General para desarrollar el sector 29 —un ámbito que prevé la llegada de miles de nuevos residentes— ha encendido la alarma del PSOE local, que decidió abstenerse en su aprobación inicial. No por postureo, sino por técnica y por prudencia.

Bárbara Soler ha dejado claro lo que muchos intentan disimular: la operación urbanística que se pretende vincular a la ampliación del hospital no fue la única vía ni la solución predeterminada. La cesión de terrenos donde hoy se ubica el hospital se originó hace más de 20 años como contraprestación asociada a una recalificación de suelo. Fue, en palabras de la portavoz, una decisión política; no la única herramienta disponible para implantar una infraestructura sanitaria pública. Existen instrumentos como suelos dotacionales o la expropiación por interés público que no deberían quedar supeditadas a una operación urbanística privada.

Y cuando los técnicos hablan, conviene escuchar. El Servicio de Planificación Territorial emitió informes desfavorables que concluyen que el suelo residencial existente ya supera los límites de crecimiento sostenible. Que un cambio normativo haya convertido esos dictámenes en no vinculantes no convierte en irrelevante su diagnóstico: es un aviso técnico sobre un modelo de crecimiento que, tal y como está planteado, resulta insostenible.

La lógica del "recibimos nuestra parte del trato y ahora tendremos que cumplir" no puede legitimar cualquier atropello urbanístico. Soler advierte con razón que la administración está constreñida por sus actos pasados, pero esa atadura no libera de responsabilidad: la abstención socialista fue una posición responsable ante dudas técnicas y ausencia de certezas sobre cesiones, cronograma, proyecto y financiación.

Tampoco es admisible que se presente como gesto filantrópico lo que la ley impone. Las cesiones de suelo para zonas verdes, viales, colegios o vivienda protegida no son un favor de los promotores: son obligaciones legales. Hablar sólo de las bondades del plan obvia que esas dotaciones son exigencias, no concesiones.

La otra gran falsedad señalada por Soler es la pretendida contraposición entre la ampliación del hospital y la instalación de una desaladora. Son infraestructuras compatibles, y la ubicación de una desaladora ha de responder a criterios técnicos, no a eslóganes. Crear alarma con la supuesta amenaza de la salmuera resulta irresponsable cuando la normativa europea y española impone controles estrictos sobre su gestión y las desaladoras forman parte de los planes de resiliencia hídrica en los países mediterráneos.

La portavoz recordó además que, en materia de financiación, hubo oportunidades perdidas: según su relato, en 2023 había 11 millones consignados por el Botànic para la ampliación que no se ejecutaron; en el siguiente ejercicio quedó sólo 1,5 millones, igualmente sin ejecución; y en 2025 los presupuestos presentaron 0 euros para la ampliación. El PSOE reclama coherencia: no puede boicotearse la ampliación y luego erigirse en su defensor cuando conviene políticamente.

Por último, conviene abrir el debate a soluciones más ambiciosas y realistas: la ampliación proyectada podría quedarse corta frente al crecimiento previsto; cabe explorar nuevos centros de especialidades o refuerzos en urgencias en municipios del área de salud. No es cuestión de rechazar la evolución de la ciudad, sino de planificarla con criterios técnicos y de sostenibilidad para que miles de nuevos vecinos no encuentren una ciudad desbordada en servicios básicos como sanidad, educación, seguridad o limpieza.

Torrevieja necesita decisiones firmes, transparentes y técnicamente justificadas. El paso de la aprobación inicial es sólo el inicio: que no sea la rendición ante un modelo de desarrollo que ya advierten los técnicos que no aguanta.