Teléfonos que abren puertas: cuando la diplomacia informal se convierte en negocio

La noticia que hoy nos ofrece el informe de la UCO es, en su desnudez, tanto simple como perturbadora: un número de teléfono personal —el del presidente de la República Dominicana— circuló entre interlocutores vinculados al llamado caso Koldo con la finalidad expresa de promover negocios vinculados a la pandemia.

No se trata de suposiciones: la Guardia Civil ha registrado mensajes y conversaciones que describen con claridad la maniobra. El 8 de julio de 2020, Víctor De Aldama facilitó al asesor del entonces ministro de Transportes el número personal de Luis Abinader y subrayó que era “el suyo directo, todo el mundo tiene el político y este es el personal”. La proposición no fue ambigua: se pretendía que José Luis Ábalos efectuara una llamada oficial para ofrecer servicios relacionados con la crisis del COVID a empresas vinculadas a la trama.

La secuencia de hechos es elocuente en su lógica de intermediación. Aldama pidió coordinación previa para una llamada a tres —“Podemos hacer una llamada a 3 y yo le engancho al ministro”— y mostró su impaciencia cuando la gestión no se producía con la rapidez esperada: “Llamar al puto presidente de RD que tenéis allí una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más”, llegó a escribir. Dos días después, y tras nuevas gestiones, la UCO recoge que la llamada sí se produjo la noche anterior al 14 de julio.

Y la investigación no se queda en intentos: la UCO indica explícitamente que finalmente “sí se llegó a producir una relación contractual con la República Dominicana para la prestación de los citados servicios”. El informe incluye además un mensaje de presentación remitido por un socio de Aldama dirigido a Abinader, quien se identifica como proveedor de servicios de detección y análisis para la pandemia y alude a contratos con el ministerio y el gobierno de España.

Estos hechos, tal como los documenta la UCO, revelan un uso deliberado de contactos personales y de peso institucional para facilitar el acceso de empresas a contratos vinculados a la gestión de una emergencia sanitaria. No se alegan aquí juicios de intención más allá de las palabras registradas ni se añade nada que no conste en el informe: la cadena de comunicaciones y la posterior contratación figuran en el sumario.

Queda, sin embargo, una cuestión que interpela a la opinión pública: la frontera entre la gestión legítima de relaciones internacionales y la canalización de oportunidades económicas a través de contactos personales y de asesores. Cuando el short-circuito entre lo institucional y lo privado se produce en plena crisis sanitaria, las exigencias de transparencia y escrutinio aumentan. Los hechos documentados por la UCO obligan a preguntar con firmeza cómo se controlaron esos vínculos y con qué criterios se validaron las contrataciones que siguieron a aquella llamada.

La documentación es diáfana en sus episodios; la interpretación corresponde a la sociedad y a quienes detentan responsabilidades públicas. Que la investigación haya puesto en pie estas conversaciones y la contratación que siguió es ya por sí un servicio al interés público: el de saber cómo se movieron los resortes del poder en un momento crítico. Y es la base sobre la que debe pivotar toda exigencia de rendición de cuentas y clarificación pública.