Sumar exige cuentas al PSC: no se negocia con la agenda de la extrema derecha

La propuesta del Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, de prohibir el burka en la vía pública y en dependencias municipales ha encendido una disputa política que no admite equidistancias. Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha salido al paso con dureza: no se acepta que un partido que forma parte del Ejecutivo local adopte la agenda de la extrema derecha.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha sido el más vehemente al exigir que el PSC dé "explicaciones". En los pasillos del Congreso ha señalado con rotundidad que "no hay que ceder un milímetro a la ola reaccionaria y a sus posiciones racistas" y ha acusado a quienes impulsan ese debate de tratar de "enmascarar" su oposición al interés de las clases trabajadoras.

Bustinduy ha recordado que el asunto del burka se ha convertido en un tema "recurrente" en el Congreso y ha alertado de que la extrema derecha lo utiliza como "herramienta" para instrumentalizar la agenda política en favor de un discurso xenófobo y racista. Ha defendido, en ese marco, que el Gobierno se mantendrá firme en la defensa de los derechos y de la igualdad: la regularización, ha dicho, busca evitar que en España haya "gente de primera y gente de segunda".

En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el debate real no está en el burka, sino en los "derechos de los migrantes" y en las cuestiones del feminismo. García ha pedido a los dirigentes que centren la discusión en lo que "realmente importa a la ciudadanía" y no en debates que desvían las prioridades de las familias trabajadoras.

Desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez ha sido igualmente crítico: considera un "error" que los socialistas intenten reproducir fórmulas de otros actores políticos, copiando medidas para "ganar el debate" a alternativas catalanas. La queja no es solo de forma sino de fondo: la reproducción de discursos y medidas que, según estos críticos, alimentan la polarización y apartan la mirada de las demandas sociales.

Los hechos son claros y cuentan con un doble efecto político: movilizan a Sumar contra su socio municipal y colocan al PSC en la necesidad de explicar por qué asume una iniciativa que, para sus aliados, parece empujar la conversación pública hacia un terreno que beneficia a la extrema derecha. Es una prueba de gobierno y de coherencia política que el PSC deberá afrontar sin ambigüedades.