Sobres, llamadas y facturas sin fecha: la grieta que desmorona la versión de Ábalos

El Tribunal Supremo se ha convertido en espejo de un desorden que ya no admite maquillajes. En la tercera semana del juicio por las mascarillas, los testigos han ido colocando piezas que, suma tras suma, dibujan una escena distinta a la versión oficial defendida por los acusados.

No es una mera repetición de rumores: peritos y testigos han hablado de sobres en Ferraz, de reuniones en ministerios con el conseguidor Aldama, de viajes oficiales en los que figuraba la acompañante del ministro y de la intervención de la esposa del presidente del Gobierno en el relato probatorio. Los peritos han aportado criterio técnico; los testimonios, coherencia narrativa. El resultado no gusta a las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García.

Primero, la influencia de Víctor de Aldama: los declarantes dibujan a un empresario con ‘iniciativa’ y ‘perfil empresarial’ que actuó como canal de comunicación con ministerios, sobre todo con Transportes, pero también con Economía. Un ex CEO declaró haber contratado a Aldama para gestiones con Venezuela y para el rescate de Air Europa; en el escrito de la Fiscalía aparece la palabra “cohecho” en relación con ese segundo encargo. Las llamadas y las gestiones ya no son leyenda, son elementos del procedimiento.

Segundo, el desbarajuste en los pagos en la sede del PSOE: el ex gerente Mariano Moreno Pavón defendió la contabilidad del partido y describió una caja de metálico destinada a viajes, representación y actividad. Sin embargo, la exhibición imprevista de hojas de liquidaciones aportadas por la defensa puso en evidencia asientos abonados, firmados, sin fecha y sin concepto. La pregunta que la letrada de Koldo planteó al ex gerente fue directa y demoledora: ¿cómo se reconcilia su relato con esos documentos? La respuesta del ex gerente —desconocimiento de las hojas— no atenúa la disonancia.

Tercero, la coincidencia de oportunidad y lucro: el juicio ha planteado que, en el peor momento de la pandemia, existió una operación de compra de material sanitario en la que, según la instrucción, Ábalos, su asistente y Aldama habrían aprovechado para lucrarse. Es la tesis que transita la instrucción y que ahora va encontrando corroboraciones testificales y periciales.

Los testimonios que antes podían parecer fragmentos aislados —la llamada de Aldama al secretario de Estado Pedro Saura para hablar del rescate, la intervención de Koldo como cauce, las gestiones ante los gabinetes de Hacienda e Industria— se solapan y crean una trama de contactos que exige respuestas. Saura reconoció que la llamada le molestó y que en el Gobierno existía la conciencia de tener que ser “extremadamente rigurosos” tras la sentencia de la Gürtel que derribó a Rajoy.

Que un ex gerente asegure que todos los asientos contables fueron remitidos al Tribunal de Cuentas no borra la existencia de documentos abonados y sin trazabilidad que hoy forman parte del sumario. Que un empresario intente restar valor a la filtración de una nota sobre el rescate de Air Europa no elimina la presencia de decisiones y comunicaciones que beneficiaron a la compañía y que, en sede judicial, se exploran con lupa.

El relato global que aflora en el Supremo exige al ciudadano una pregunta elemental: cuando las piezas de un puzzle administrativo empiezan a encajar —llamadas, intermediarios, pagos opacos, peritajes—, ¿quién asume la responsabilidad política y quién da cuenta ante la democracia? No son invectivas; son hechos que el juicio está desgranando con rigor. Y en política, como en justicia, la verdad que emerge marca destinos.

El desenlace procesal corresponde al tribunal. Pero el Estado democrático y la exigencia de transparencia merecen respuestas claras y no parches contables. Ferraz y los ministerios deben explicar —sobre la base de pruebas y no de excusas— cada llamada, cada pago y cada reunión. La ciudadanía, que financia y confía en las instituciones, reclama imposibles: claridad y responsabilidad.