Silencio y guion: la coartada repetida en el juicio Kitchen

La undécima sesión del juicio por la operación Kitchen transcurrió en apenas hora y media. Dos nombres de peso —Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas— desfilaron ante la sala y, como estaba previsto, cumplieron con el guion trazado la semana pasada por Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal: negar, desmentir y restringir al ámbito de la ignorancia cualquier implicación o conocimiento.

Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno en los años que se atribuye la existencia de Kitchen, repitió un rosario de noes: “No tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época en el Gobierno”, dijo con la misma contención que le permite deslindar la Presidencia de lo que no era su competencia. No hubo seguimiento especial, no hubo encargos de averiguación, no hubo información de la Presidencia en su nombre; ni recuerdo, ni constancia, ni enfoque ni estrategia sobre Gürtel, resumió la exvicepresidenta.

Preguntas tras preguntas, respuestas cortas. ¿Si se hizo investigación en Interior? No. ¿Si se interesó la Presidencia? No conmigo. ¿Si hubo participación del CNI? No. El relato es nítido en su sencillez: desconocimiento institucional y personal. Una coartada administrativa que insiste en acotar responsabilidades y en dejar fuera del mapa de la Presidencia cualquier movimiento propio del Ministerio del Interior.

Arenas, conectado por videoconferencia y con la bandera de España tras de sí, acompasó la versión. Aseguró que desconoció la existencia de una caja b hasta que la prensa lo puso en la mesa en 2013 y negó, por tanto, la posibilidad de una grabación anterior con Bárcenas en la que se le escuchase comentando esas cuentas. También sostuvo que rompió la relación de amistad con el extesorero a finales de 2012, cuando los papeles y las cantidades en el extranjero salieron a la luz.

Y, como Rajoy y Cospedal antes que ellos, ambos negaron que hubiera en el partido o en el Gobierno una inquietud especial por el material que guardaba Bárcenas. Una afirmación que choca con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones: para el Ministerio Público, Kitchen fue una operación impulsada desde Interior, con el objetivo de sustraer documentos comprometidos para que no llegaran a la Audiencia Nacional y a los investigadores. Esa acusación sitúa el episodio en otro lugar: en la acción herramienta de un poder que intentó frenar las consecuencias del avance del caso Gürtel.

El contraste es claro y la sala lo ha visto: por un lado, testimonios de exdirigentes que deslindan responsabilidades y niegan conocimiento; por otro, una Fiscalía que describe una trama dirigida a neutralizar el rastro documental de la corrupción. No es una disputa de matices: es una fractura de versiones sobre hechos que afectan a la confianza en las instituciones y en la conducta pública.

Queda por ver qué ponderará la Audiencia Nacional al cruzar las declaraciones con las pruebas que obran en la causa. Lo que ha mostrado la jornada es, sin ambages, la estrategia política de los testigos: apuntalar la versión oficial y reducir el problema a la esfera del desconocimiento personal. Es la política del guion: vestir de naturalidad lo que para las acusaciones es una operación diseñada para ocultar.