Semilibertad masiva: cuando la flexibilidad se vuelve quiebra del sistema

Hay decisiones públicas que, tomadas con ligereza, no sólo desdibujan la letra de la ley, sino que fracturan la confianza de la sociedad en el propio sistema penitenciario. La respuesta parlamentaria del Gobierno vasco, remitida al PP y recogida por EL MUNDO, no admite edulcorantes: 48 condenados por terrorismo han accedido al artículo 100.2 desde octubre de 2021, y veinte de ellos están hoy saliendo de prisión bajo ese régimen.

Más inquietante aún es la velocidad del proceso. Desde mayo de 2025 se han concedido 18 semilibertades: casi dos beneficiarios cada mes. Esa cifra no es un número abstracto; es la constatación de una política que ha acelerado una vía excepcional hasta convertirla en efecto cotidiano. El artículo 100.2, según recuerda la Fiscalía, fue diseñado como mecanismo puntual para actividades concretas, no como sustituto encubierto del tercer grado.

La tensión entre la Consejería de Justicia —en manos del PSOE en el Gobierno vasco— y el Ministerio Público ha quedado al descubierto en casos concretos. La ex jefa de ETA Soledad Iparragirre, 'Anboto', salió el 24 de marzo mediante 100.2, pese a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a través del fiscal Carlos García Berro, se opuso alegando que la concesión supone una “aplicación encubierta del tercer grado” y que existe una “falta de motivación reforzada”. El informe subraya la “vulneración frontal del principio de progresividad” por no haberse cumplido los requisitos temporales ni el itinerario ordinario.

No es un hecho aislado. Otro caso reciente es el de Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', que en febrero comenzó a salir de prisión de lunes a viernes con un 100.2 avalado explícitamente por la Fiscalía, aunque con la decisión última del juez de vigilancia penitenciaria. Al margen de los matices jurídicos de cada expediente, la suma de 48 100.2 y 97 terceros grados desde 2021 dibuja un mapa penitenciario en el que, según voces de las asociaciones de víctimas, más de la mitad de los presos de ETA tiene hoy salidas regulares.

Las asociaciones de víctimas no guardan silencio. La abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, interpreta estos datos como la utilización del 100.2 "como un subterfugio para la concesión de terceros grados encubiertos" cuando no concurren los requisitos. Y el PP vasco, mediante su presidente Javier de Andrés, denuncia que el Ejecutivo autonómico lleva "al límite" la aplicación de beneficios penitenciarios, con recurridos y decisiones judiciales dispares.

La Fiscalía eleva el debate a principios estructurales: la progresividad y la motivación reforzada no son meras formalidades, sino garantías para preservar la proporcionalidad de la pena y el respeto a las víctimas. Cuando un instrumento excepcional se normaliza, la consecuencia es un quebranto grave del sistema, tal como advierte el propio Ministerio Público.

Es la hora de la claridad: si la Administración vasca considera que las circunstanciales reglas del 100.2 deben estirarse, eso exige explicaciones públicas y motivaciones sólidas que aparezcan en expedientes y sentencias. La transparencia no es concesión, es deber. Y las víctimas merecen, como recuerda la AVT, que las sentencias y los límites de cumplimiento establecidos en la ley se respeten escrupulosamente.