Seis muertos, tres administraciones y una pasarela rota: la rendición de lo público

Nadie debería acostumbrarse a enterrar a los suyos en acantilados que son, además, bienes colectivos. La costa de Santander, hermosa y peligrosa, ya tiene otra lápida: seis jóvenes que celebraban el fin de curso y que caminaban por una senda oficial han perdido la vida. Se pudo evitar.

Que un vecino llamara al 112 y alertara de que "el puente de madera está roto y el que pase por encima se puede caer a las rocas" y que esa llamada no activara una respuesta eficaz es una acusación demoledora contra lo público. El Centro de Atención de Emergencias de Cantabria trasladó el mensaje a la Policía Local; la orden fue clara y, sin embargo, no se actuó. Es como si viéramos un incendio y los bomberos decidieran quedarse en el cuartel.

No funcionó la prevención. No funcionó el mantenimiento. La pasarela estaba descuidada y las responsabilidades se cruzan como lanzas: un convenio iniciado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santander quedó paralizado por protestas vecinales; hoy, según el secretario de Estado Hugo Morán, son tres las administraciones que comparten responsabilidad: ministerio, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento. La concejal municipal, por su parte, señala al Gobierno central. La pelea de competencias no evita muertos; sólo diluye responsabilidades.

¿Puede un vecino salvar al pueblo? La respuesta, amarga y clara, es no. El heroísmo individual no es sustituto del deber institucional. Un ciudadano llamó, advirtió y no bastó. Ese lamento colectivo exige que la última instancia, la de la justicia, actúe con rigor; ojalá la fase judicial funcione como se espera, tal como se menciona en el caso de Valencia.

No se trata de gestos épicos ni de retórica huera. Se trata de protocolos cumplidos, de mantenimiento regular, de prevención operativa y de que quien debe actuar lo haga. Cuando lo público falla en lo básico —alertar, cerrar, reparar—, la sociedad paga con vidas. Exigir claridad, responsabilidad y reformas no es un capricho partidista: es la mínima obligación patriótica hacia quienes pasean por nuestras costas y confían en que el Estado protege lo común.