Seguridad contra alarma: el choque entre Interior y la Junta Electoral por el DNI digital

La democracia se nutre de procedimientos claros y de confianza en las instituciones. Sobre esa base elemental se ha abierto en estos días una fractura administrativa que exige explicaciones y diligencia: la Junta Electoral Central ha decidido suspender, hasta nueva orden, la identificación de electores mediante la aplicación MiDNI y la MiDGT en las mesas electorales, después de una reclamación del Partido Popular, al entender que no está garantizado que “el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente seguro”.

Frente a esa suspensión, el Ministerio del Interior ha presentado un escrito y ha adjuntado un informe de la Dirección General de la Policía que certifica la seguridad del DNI digital mostrado mediante la lectura de un código QR. Interior defiende la “plena seguridad” de la aplicación MiDNI y argumenta que la verificación completa exige la presencia de dispositivos lectores del QR que, subraya, son de obligado uso a partir del 2 de abril de 2026.

El conflicto no es meramente semántico: tiene calendario. Las próximas elecciones previstas en Andalucía se celebran el 17 de mayo, y la resolución del Ministerio aclara que corresponde a la Administración que convoque las elecciones —en este caso, el Gobierno andaluz— proveer a las mesas electorales de los lectores de código QR necesarios para que la identificación mediante DNI digital sea operativa y segura.

El trasfondo normativo aparece en el Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, que regula el Documento Nacional de Identidad: da un año para que las entidades públicas y privadas adopten las medidas necesarias para el funcionamiento correcto de la versión digital, incluida la dotación de dispositivos para la lectura del código QR. El decreto reconoce, además, que el DNI en su versión digital tendrá la misma eficacia jurídica a efectos de identificación.

La demanda del Partido Popular motivó la suspensión: el PP pidió a la Junta la paralización del uso de la aplicación MiDNI para la identificación de votantes ante “las dudas y la alarma social” generadas por la falta de obligación de verificar la identidad mediante un código QR actualizado. Antes, el 5 de marzo, la Junta Electoral había mantenido que el DNI digital se considera un documento original con fotografía, equiparable al DNI físico, y que no era necesario el QR como requisito adicional. Tras la nueva petición, la Junta ha decidido suspender la aceptación tanto del DNI digital como de la versión digital del carné de conducir; sobre esta última Interior no presentó alegaciones.

Estamos, por tanto, ante una encrucijada práctica y jurídica: la tecnología está reconocida y reglada, hay un informe policial que avala su seguridad, pero la Junta Electoral ha optado por la prudencia hasta que se garantice la verificación. Y en medio de esa prudencia aparece la responsabilidad logística: si el uso del QR es exigible desde el 2 de abril, corresponde a quien convoque las elecciones suministrar los lectores. Así de claro: no basta con aval técnico ni con decreto; hay que asegurar la materialidad del proceso en las mesas.

La lección que deja este pulso institucional es simple y exigente: la confianza pública no se construye con declaraciones aisladas ni con informes que sobrevuelen el terreno; se cimenta con medidas concretas, con plazos cumplidos y con la coordinación entre administraciones que garanticen que una innovación tecnológica no se traduzca en inseguridad real ni en alarma social. El calendario electoral no espera. Es imperativo que las partes implicadas actúen con transparencia y responsabilidad para que el uso del DNI digital no sea un motivo de disputa, sino una herramienta eficaz y segura al servicio de la participación ciudadana.