¡Se acabó! La consigna que ya no pertenece a quien la inventó

«¡Se acabó!» fue la frase con la que Carlos Baño alcanzó la presidencia de la Cámara de Comercio de Alicante y consolidó su papel en el entramado empresarial alicantino. Una consigna rotunda y ambigua a la vez: eficaz para movilizar, maleable para adaptarla al interés propio.

Baño la recuperó en la Noche de la Economía Alicantina de 2022 para arremeter contra Ximo Puig. Pero la contundencia no debe confundir: los datos señalan que Puig invirtió más en Alicante que ningún otro President, con diferencia. La retórica buscaba entonces, como tantas otras veces, convertir el ruido en sustituto de la verdad.

La historia no acaba ahí. Hace poco, Baño volvió a invocar su lema para cerrar filas en torno a Carlos Mazón tras la gestión de la DANA de Valencia. Un gesto público que, según relatos del auditorio del ADDA, dejó a muchos avergonzados y a unos pocos exentos de crítica.

Hoy, tras el bochornoso escándalo de los Bonos Consumo, ese «¡se acabó!» ya no le pertenece. Es el murmullo de una provincia que comprende que sus problemas no son externos ni coyunturales, sino estructurales y cercanos: el mismo sistema que devuelve recursos públicos al entorno de siempre.

Lo sucedido con los Bonos Consumo es ilustrativo. Un instrumento concebido para apoyar al pequeño comercio alicantino derivó, según las informaciones, en un mecanismo opaco e improvisado, sin concurrencia real, con instrumentos creados ad hoc en cuestión de días. Mazón sacó el talonario a propuesta de Baño y semanas después la sociedad privada que iba a gestionar ese dinero público fue creada por el entorno de Baño.

Sorprende la agilidad con la que se actuó para favorecer esa gestión privada, y contrasta con la decisión deliberada de la Diputación de no licitar una plataforma única para todos los municipios, una solución que habría garantizado concurrencia competitiva, transparencia y control. Mazón optó por no hacerlo, aun cuando la empresa que luego gestionaría los fondos no existía aún para concurrir.

El resultado era previsible: muchos ayuntamientos quedaron condicionados a operar dentro de ese circuito para acceder a las ayudas, porque la fórmula de la Diputación orientaba la contratación hacia la empresa vinculada a Baño. Mientras se reclamaba paciencia a unos y se alegaba falta de recursos para otros planes, se abrían canales para que ciertos actores «pescaran» dinero público con ventaja.

No son solo contratos: también hay viviendas públicas, ayudas y proyectos estratégicos que, una y otra vez, siguen un patrón: terminan en el entorno de quienes detentan el poder. Ese patrón amplía la brecha con los que quedan fuera y sacrifica oportunidades colectivas, como señalan las críticas sobre la deriva del Distrito Digital.

Lo que está en juego supera la limpieza puntual de un procedimiento. Es la permanencia de un modelo instrumentalizado de gestión que favorece a unos pocos, que renuncia a estrategias amplias y que convierte instituciones en instrumentos de poder. Esa dinámica erosiona la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones: cuando las reglas parecen distintas según quién las juegue, la democracia pierde.

La consigna «¡Se acabó!» reclama hoy su sentido original: no como arma de polarización o como lema de conveniencia, sino como exigencia colectiva para poner fin a prácticas que privilegian a los de siempre. La provincia de Alicante necesita rumbo, transparencia y políticas que prioricen el interés general. Eso es, y debe ser, lo que significa realmente «se acabó».