Santa Cruz: hub logístico del crimen que exige respuesta sin ambages

La mañana del 13 de marzo, Santa Cruz de la Sierra se despertó con la evidencia de un problema que ya no cabe seguir minimizando: la captura del líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, Sebastián Marset, durmiendo en su casa en la capital cruceña. Expulsado ese mismo día a Estados Unidos, donde enfrenta investigaciones por tráfico de drogas y blanqueo, Marset no llegó a Bolivia por casualidad; encontró aquí un refugio operativo tras dejar Montevideo en 2018 y pasar por Paraguay y Dubái.

La detención no vino sola. El operativo que terminó con Marset se saldó además con la aprehensión de cinco colombianos y dos ecuatorianos en Santa Cruz, según informó el gobierno de Rodrigo Paz. Son nombres y rostros que validan una tesis que autoridades y expertos venían advirtiendo: el oriente boliviano se ha convertido en un centro para coordinar y facilitar el crimen transnacional.

No es un fenómeno aislado. Investigadores de la Policía Federal de Brasil han señalado que el Primer Comando de la Capital —una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil— viene operando desde el oriente boliviano. En mayo pasado, agentes en Santa Cruz arrestaron a Marcos Roberto de Almeida, un narcotraficante brasileño buscado por Interpol y acusado de manejar un esquema internacional de lavado de dinero. Almeida fue detenido mientras buscaba un documento de identidad falso, según las crónicas del operativo.

Santa Cruz concentra ventajas geográficas y logísticas que el crimen ha sabido explotar: tierras llanas, rutas de conexión con países limítrofes y una extensión de territorio que facilita el traslado. Aunque los cultivos de coca en ese departamento representan, según la UNODC, apenas el 0,5% del total del país, la dinámica delictiva no se mide solo en hectáreas sembradas, sino en cadenas de procesamiento y rutas de salida.

El procesamiento, según el informe "Territorios de la coca y la cocaína" de la Universidad Internacional de Florida, muestra un desplazamiento: hojas procedentes del Chapare y de zonas como Ichilo llegan a fábricas en lugares como Yapacaní, donde se procesan y luego se envían en avionetas hacia países vecinos. Esa mutación del mapa productivo y logístico explica por qué actores criminales extranjeros encuentran en Santa Cruz no solo escondite, sino infraestructura para operar.

Las autoridades bolivianas reconocen el fenómeno y así lo reiteró el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano: Santa Cruz ocupa un lugar clave en la ruta de la droga, pero el problema es de una red criminal que trasciende fronteras. El gobierno de Rodrigo Paz ha presentado la captura de Marset como parte de una estrategia para desactivar esa inserción: si llegan a Bolivia, dijeron, no van a encontrar un país aislado sino un Estado que no permitirá que las organizaciones se instalen.

No podemos mirar a otro lado. Los hechos confirmados por detenciones, extradiciones y los informes policiales y académicos dibujan una realidad: Santa Cruz se ha transformado en un hub logístico y financiero del narcotráfico regional. Desarticular esa red exige cooperación internacional, inteligencia sostenida y medidas contundentes que ataquen no solo a los jefes visibles, sino a las estructuras de procesamiento, lavado y enrutamiento que han encontrado en Bolivia ecosistemas favorables.

La captura de Marset es un golpe puntual, necesario y bienvenido. Pero los reportes dejan claro que no basta con golpes aislados: la red sigue operando, con actores de Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador entrelazados en una trama que usa el oriente boliviano como plataforma. La respuesta debe ser tan amplia y persistente como la ambición criminal que hoy se asienta en Santa Cruz.