Sánchez y el sucio espejo de la 'Kitchen': la reflexión incómoda del poder

Cuando se apostó a que el inicio del juicio de la Kitchen echaría un manto sobre las noticias más incómodas para el presidente, la previsión se demostró pueril. El optimismo del núcleo duro del Gobierno y de su prensa amiga creyó, erróneamente, que devolver a la primera línea las maniobras del PP y su llamada “policía patriótica” diluiría los escándalos que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

La realidad procesal no entiende de titulares prefabricados. La coincidencia temporal entre el juicio por la Kitchen y el caso Koldo —con figuras como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exministro de Transportes José Luis Ábalos como coprotagonistas— ha provocado un efecto espejo. No ha tapado, sino que ha puesto frente al país una imagen incómoda: la del propio Sánchez y su Gobierno insertos en una dinámica de decadencia moral y política que proclamaron combatir.

No es un juicio de intenciones, sino la reapertura del relato fundacional que Sánchez encabezó en 2014: la promesa de ser una enmienda a la vieja guardia del PSOE y una alternativa al bipartidismo. Aquella promesa captó el descontento de una generación que reclamaba regeneración. En 2016, aquel proyecto reformista llegó a rozar La Moncloa con un pacto de legislatura con Ciudadanos que proponía blindar la independencia de las instituciones, fortalecer los mecanismos de control y revisar los delitos contra la Administración pública. Fueron propuestas concretas: más control sobre la contratación pública, mayor rigor contra la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias.

Hoy, examinadas a la luz de los procesos penales en curso, aquellas propuestas quedan, cuando menos, en entredicho. El fracaso de aquel acuerdo en marzo de 2016 —por el veto de Pablo Iglesias a Albert Rivera que abrió la vía a la alianza entre PSOE y Unidas Podemos— y la posterior trayectoria del sanchismo muestran cómo las propuestas originalmente reformistas han perdido brillo o han sido reinterpretadas desde el poder.

No podemos perder de vista los hechos: la aparición de juicios que remueven prácticas de espionaje y maniobras dentro del Estado, las referencias procesales a responsables políticos del pasado, y la concatenación temporal de causas que confrontan al Ejecutivo con su propio discurso. Es legítimo y necesario que la ciudadanía exija coherencia entre lo prometido y lo practicado.

La política es prueba y contraste. Cuando se aspira a regenerar el sistema y a blindar las instituciones, la transparencia y la aplicación estricta de la ley deben ser la primera garantía. La historia reciente pone ahora ante Sánchez una obligación mínima: demostrar con actos —no con cálculos mediáticos— que aquel compromiso de 2014 no fue una quimera ni una máscara para reproducir otras formas de degradación pública. El espejo está ahí; negarlo sería persistir en el error más grave de todo liderazgo: sostenerse y no enmendarse.