Sánchez tensa la cuerda: ministros contra ministros en la batalla del decreto

Pedro Sánchez ha convertido las horas previas al consejo de ministros extraordinario en un tablero de ajedrez. No hay jaque mate anunciado, pero sí una sucesión de movimientos de piezas: Félix Bolaños, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo tratando de coser la prenda que aguante el desgaste, y en el otro extremo ministros de Sumar dispuestos a pelear por medidas que sus socios reclaman.

El decreto de ayudas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán atraviesa líneas rojas trazadas por los grupos parlamentarios. PP, Junts y PNV han advertido con nitidez: sospechan que bajo el paraguas de las ayudas se intenten introducir medidas "extremas", "ideológicas" o "intervencionistas" promovidas por Sumar, EH Bildu, Podemos, ERC y BNG. La advertencia no es retórica: el citado bloque de la derecha —PP, Vox, UPN, Junts y PNV— suma 183 votos que, de unirse, pueden tumbar cualquier decreto que no encuentre apoyo más amplio.

La disputa pública ha tenido nombres y citas concretas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó la consigna: "No se le ocurra traer otro decreto ómnibus", acusando al Gobierno de "aprovecharse de la guerra" para introducir medidas con calado ideológico. Maribel Vaquero, portavoz del PNV, reclamó prudencia y recordó a Sánchez que no dispone de mayorías claras, pidiendo además que Bruselas avale que el gasto derivado de paliar el impacto no compute en las reglas fiscales.

En la bancada de la izquierda interna del Ejecutivo, Pablo Bustinduy y Mónica García abanderaron la exigencia de incluir medidas de vivienda en el paquete. Bustinduy declaró su disposición a "pelear" por la prórroga de contratos de alquiler; la petición buscaba proteger a millones de inquilinos, en su argumentación. Frente a ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, marcó el criterio del Gobierno: sólo se incluirán medidas que cuenten con consenso, y las relativas al alquiler, lejos de ese consenso, generan confrontación.

El caballo de batalla concreto son tres propuestas reclamadas por los socios de la izquierda: la prohibición de desahucios, la prórroga de los alquileres y el tope de precios. Montero y Bolaños deslizaron ya que el decreto no incluirá la prohibición de desahucios ni la prórroga de contratos; incluso la posibilidad de un tope del 2% en la actualización anual de los alquileres firmados antes de mayo de 2023 aparece como incierta.

La táctica parlamentaria y la aritmética pesan más que las buenas intenciones: Sánchez no puede permitirse otro fracaso como el del llamado escudo social. El balance económico del conflicto también ha sido esgrimido por la oposición: el diputado Juan Bravo afirmó que "en las dos semanas de conflicto el Gobierno ha conseguido 50 millones de euros sólo con la subida del precio de los carburantes".

El intercambio de reproches no oculta la realidad: el Gobierno intenta cuadrar el círculo entre las demandas de sus socios de coalición y la advertencia de un bloque derecho-centrista dispuesto a tumbar el decreto. Lo que se apruebe o se retire en los próximos días dependerá, en último término, de la capacidad de Sánchez y su equipo para forjar consensos que hoy parecen escasos.

El decreto llega al Parlamento en un clima de alta tensión política. No es sólo una cuestión técnica de medidas anticrisis; es una prueba de gobernabilidad para un Ejecutivo que debe decidir si prioriza la cohesión interna o la viabilidad parlamentaria de sus iniciativas.