Sánchez planta batalla: romper el acuerdo con Israel y blindar la regularización

Pedro Sánchez inició la precampaña andaluza en Gibraleón (Huelva) y lo hizo como quien impone la agenda: marcado el calendario —elecciones el 17 de mayo— y señalados los objetivos. Frente al Partido Popular, arremetió por su rechazo al proceso de regularización masiva que impulsa el Ejecutivo y defendió la medida como "un acto de justicia y reconocimiento" para quienes ya trabajan en España.

No fue sólo palabra de consuelo: puso fecha y forma a una decisión de calado exterior. Este martes, anunció, su Gobierno solicitará formalmente a la Unión Europea que rompa el acuerdo de asociación con Israel. No es un gesto retórico; el Ejecutivo ya remitió el viernes una carta a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, detallando por qué considera que la UE "ya no puede permanecer al margen" ante la violación del derecho internacional que atribuye a Israel.

Las razones expuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores son contundentes en su formulación factual: el Gobierno español denuncia la anunciada intención de Israel de ocupar territorio libanés al sur del Litaní y de arrasar viviendas de población civil, y pide a Bruselas "medidas audaces e inmediatas" frente a esa "flagrante violación del derecho internacional".

En el plano interno, Sánchez colocó la regularización en clave de dignidad y memoria: "España es hija de migrantes", proclamó, y rechazó cualquier deriva racista o xenófoba. María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta, secundó sin fisuras ese discurso y agradeció el proceso extraordinario de regularización, subrayando el papel laboral de esas personas en el cuidado de mayores, la recogida de cosechas y la construcción.

La puesta en escena fue masiva: con el lema "Defiende lo público" y cerca de dos mil asistentes, el acto combinó música —Manuel Carrasco— y llamadas a la movilización. Sánchez regresaba tras una gira internacional y una intensa agenda en Barcelona con fotos con líderes como Lula da Silva; el relato interno y el internacional se entrelazaban en el mismo mensaje: plantar cara a lo que se considera injusticia, aquí y fuera.

No hubo freno a la crítica contra la derecha andaluza. Señaló a Juanma Moreno y avisó contra fórmulas de privatización encubierta de la sanidad, contraponiendo promesas concretas: cita con el médico de familia en 24 horas, pruebas diagnósticas en no más de treinta días e intervenciones en un plazo máximo de cuatro a seis meses, según anunció Montero.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una doble ofensiva: a escala internacional, exigir a la UE medidas por la actuación israelí; a escala doméstica, defender la regularización y la sanidad pública como banderas de campaña. El miércoles llegará la respuesta de Bruselas; hasta entonces, Sánchez ha decidido marcar el ritmo y obligar al debate público a pronunciarse.