Sánchez opta por el decreto de guerra y congela los Presupuestos: responsabilidad o claudicación

Pedro Sánchez ha decidido poner el foco donde él considera urgente: en un decreto para hacer frente a la guerra en Irán. No es una metáfora, es una decisión política: dejar en segundo plano —de momento— la tramitación de los Presupuestos y concentrar esfuerzos en un paquete que, según el propio presidente, protege a empresas y trabajadores y se centra en medidas sobre la energía.

"Estamos gestionando una de las mayores crisis de mi mandato", dijo el jefe del Ejecutivo. No negó la gravedad geopolítica ni su impacto socioeconómico en los hogares; indicó, con claridad meridiana, que el Gobierno no avala la guerra y que su respuesta será —en sus palabras— la protección de la gente. Ese mensaje sirve de emblema y de excusa política: la guerra valida, dijo Sánchez, la política energética que impulsa su gabinete.

Pero las decisiones urgentes desatan fricciones. El paquete que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario del viernes no es unívoco: divide al Gobierno de sus socios sobre la inclusión de políticas de vivienda. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el sector socialista descarta incluir medidas de vivienda y subrayó la voluntad de llevar "las medidas que tengan consenso" tras hablar con los grupos.

Los reproches y las reclamaciones han sido inmediatos. Desde Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, calificó de "inconcebible" que no se incluyan medidas de vivienda, al considerarlo el principal problema de los ciudadanos. Bildu, ERC y Podemos han reclamado explícitamente la inclusión de esas políticas en el decreto del escudo social; EH Bildu, a través de su portavoz Mertxe Aizpurua, puso ejemplos concretos —como la prórroga de contratos de alquiler— y reclamó sentido común para que el Gobierno "obre en consecuencia".

Frente a esas demandas, PNV y Junts han mostrado su rechazo. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, llegó a advertir que presentar medidas de vivienda sin acuerdo sería "jugar a la ruleta rusa" y afirmó que esperan que el Ejecutivo busque el contacto para negociar. Junts, por medio del diputado Josep Maria Cruset, lanzó la advertencia más tajante: no incluir medidas contra los desahucios en este paquete o "les saldrá mal".

En los pasillos del Congreso se dibuja, por tanto, un dilema político elemental: ¿priorizar una respuesta inmediata a la crisis internacional con medidas energéticas homogéneas, o aprovechar el trámite extraordinario para atender demandas sociales acuciantes como la vivienda? Montero, por su parte, apeló a buscar "puntos de encuentro" y mostró disposición a incorporar propuestas de Junts o a eliminar del texto iniciativas que no cuenten con apoyo.

No hay, de momento, certezas más allá de la convocatoria del Consejo de Ministros y de la voluntad declarada del presidente de proteger frente a la guerra. Lo que sí hay es un choque de prioridades entre el Gobierno y sus aliados, una tensión que el Ejecutivo deberá dirimir con negociación política y con la claridad que exige el momento: gestionar la crisis sin renunciar a consensos que eviten fracturas parlamentarias in extremis.

Así están las cosas: un Gobierno que proclama prudencia y emergencia, socios que reclaman respuestas sociales inmediatas y otros que amenazan con cortar por lo sano. La encrucijada es clara y exige, antes que retórica, acuerdos firmes. El reloj corre hacia el viernes; la política, como siempre, juzgará quién cedió y quién gobernó.