Sánchez engorda Defensa para evitar el desgaste diplomático y parlamentar

La política tiene muchas artes: la de convencer, la de negociar y la de maquillar cifras. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorralado por la presión externa —la que proviene del ala dura de la administración Trump— y por la frágil aritmética interna, ha optado por la vía técnica antes que por la política abierta. Resultado: casi 12.000 millones de euros de modificaciones presupuestarias en Defensa en los últimos tres años.

No es retórica: los informes oficiales del Ministerio de Hacienda consignan aumentos por créditos presupuestarios de 2.423 millones en 2023; 2.755 millones en 2024; y 6.304 millones en 2025 —un total cercano a los 11.482 millones—. A esos recursos se suman partidas de Interior, Seguridad Social, Industria o Transformación Digital vinculadas a seguridad y ciberseguridad. Esa suma no es un gesto simbólico, es una ingeniería diseñada para alcanzar umbrales exigidos por la Alianza sin abrir un pulso frontal en el Congreso.

La fórmula es: Consejo de Ministros, techos de gasto y planes industriales. El Ejecutivo aprobó un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con una inversión inicial de 10.471 millones para 2025; ha autorizado 16 nuevos techos de gasto que, junto a los 15 aprobados, permitirán movilizar cerca de 34.000 millones para Defensa en los próximos años y financiar 31 Programas Especiales de Modernización (PEM). Son decisiones que amplían recursos y capacidades, y que se adoptan mediante la administración, no por vía parlamentaria de mayorías.

Las cifras de centros de estudio independientes alimentan la narrativa: el Centro Delàs estima que el gasto de Defensa en 2025 habría ascendido a 33.123 millones, y que, sumando partidas de otros ministerios, podría llegar a 40.457 millones —un 2,5% del PIB según esa agregación—. En Moncloa sostienen que se ha alcanzado el objetivo fijado y que España cumple con sus compromisos; sobre el papel, España obtiene el estatus de “aliado serio y fiable” que Iglesias y ministros repiten en sus comunicados.

Pero no todo es aritmética macro. La apuesta por capacidades y presencia humana es palpable: 17 misiones en el exterior, seis bajo mandato de la OTAN para defensa del territorio; más de 2.000 militares en misiones defensivas de la Alianza —más de la mitad del contingente español desplegado fuera—; y una batería Patriot con 140 militares en la base de Incirlik, un despliegue de larga data que en el contexto de la reciente escalada en Oriente Próximo ha cobrado nueva relevancia.

La tensión política interior es el otro vértice del triángulo. Los socios que sostienen al Gobierno rechazan aumentos del gasto militar; aprobar cualquier iniciativa en el Congreso en esta materia pasaría por apoyarse en el PP. Esa dificultad explica que la respuesta del Ejecutivo haya sido técnica: incrementar créditos por real decreto y aprobar planes en Consejo de Ministros, procurando cumplir compromisos internacionales sin forzar una votación parlamentaria compleja.

Queda un interrogante público y legítimo: ¿será sostenible este equilibrio entre obligaciones internacionales y frágil respaldo interno? El propio calendario financiero y las previsiones apuntan a que, aunque en 2026 se haya alcanzado el 2% fijado en 2014, será en 2027 cuando se verifique si la previsión de Sánchez de no aumentar más el gasto permite mantener las capacidades pactadas. El secretario general de la OTAN, según fuentes, ve esa meta como “casi imposible”.

No se trata de elogiar o atacar sin datos: los hechos muestran una estrategia clara. Un gobierno que necesita proyectar compromiso atlántico frente a presiones externas y que, internamente, maniobra para no romper su frágil equilibrio político. Es la España que incrementa recursos y despliega tropas, pero que prefiere hacer las cuentas y los compromisos fuera del pleno debate parlamentario. Y esa decisión política —porque toda tecnocracia es, en última instancia, una elección política— merece explicaciones y control democrático, tan indispensables como la defensa que se pretende financiar.