Sánchez cambia de rumbo: ahora firma por la navegación en Ormuz

El Gobierno que no quiso participar la semana pasada en una reunión internacional —"porque España no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza", según explicó el ministro Albares— hoy aparece estampando su firma en un comunicado conjunto donde se compromete, en términos generales, a "contribuirán a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

No es retórica gratuita afirmar que estamos ante un claro giro. La misma voz que rechazó formar parte de un foro de 40 países por el riesgo de debatir el uso de la fuerza ahora comparte texto con los líderes de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Canadá y con responsables de la Comisión y del Consejo Europeo. El matiz que introduce el comunicado —evitar hablar explícitamente del uso de la fuerza— no borra el hecho objetivo: la firma de España legitima un compromiso colectivo sobre la navegación en una zona sensible.

La formulación del texto es, además, deliberadamente ambigua. Se habla de "contribuir" a garantizar la libertad de navegación y se celebra un alto el fuego de dos semanas acordado entre EE. UU. e Irán, llamando a negociar un final rápido y duradero por medios diplomáticos. Todo ello tiene una lectura lógica: la prioridad declarada es diplomática y económica, evitar que la crisis energética se agrave y que la inflación siga lastimando la recuperación. Pero la ambigüedad no es ausencia de consecuencias; es una decisión política con efectos prácticos.

La pregunta que queda en la plaza pública es nítida y legítima: ¿por qué el cambio de criterio en solo siete días? La explicación oficial invocó la determinación de no participar en debates sobre intervenciones de fuerza; el documento firmado evita ese lenguaje, pero incorpora compromisos sobre la seguridad marítima. No se puede exigir coherencia cuando se renuncia a explicarla. Los ciudadanos merecen saber hasta dónde llega esa "contribución" y con qué instrumentos se piensa desplegar.

No se trata de dramatizar lo no escrito, sino de exigir claridad sobre lo firmado. La política exterior no es un ejercicio de maquillaje semántico: implica decisiones concretas, alianzas y responsabilidades. Si el Ejecutivo pretende mantener la línea de prudencia invocada la semana pasada, debe precisar ahora qué distingue su firma del gesto previo de ausencia. Si, por el contrario, la firma responde a un replanteamiento legítimo de intereses nacionales, conviene que lo diga sin rodeos.

España no puede actuar como un actor que alterna la retirada y la rúbrica sin ofrecer a su opinión pública una narrativa coherente y transparente. Firmar compromisos internacionales exige más que palabras conciliadoras en un comunicado: exige pedagogía política y responsabilidad ante el electorado. Ese es el deber elemental de cualquier Gobierno que pide confianza para gobernar.