Sánchez archiva los Presupuestos: la excusa de la guerra que borra un compromiso

El anuncio ha caído como una decisión pragmática revestida de urgencia: no habrá Presupuestos en marzo. Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha puesto por delante "lo urgente": desplegar un real decreto ley con medidas para mitigar el encarecimiento de carburantes, energía y fertilizantes que atribuye al conflicto en Oriente Próximo.

La declaración es nítida y deliberada: "Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie", ha dicho el presidente para explicar el giro. Con esa frase el Gobierno envuelve en force majeure lo que hasta hace días vendía como un compromiso cumplible. La Moncloa justifica así el incumplimiento del calendario: primero contener los efectos económicos y sociales del conflicto; después, ya se verá cuándo volverá a hablarse de Cuentas Públicas.

No hay nueva fecha. No hay horizonte. El Ejecutivo apuesta por la flexibilidad y por la respuesta rápida mediante un real decreto ley que, según fuentes oficiales, debería contar con apoyos parlamentarios distintos a los que exigiría un proyecto de Presupuestos. María Jesús Montero confirma la revisión: habrá retraso, "unas semanas" en su descripción, y fuentes gubernamentales hablan de intención de actuar "lo antes posible, en un mes o así", sin concretarlo.

Ese margeniza la agenda presupuestaria por razones explícitas —la subida de precios ligada a la guerra— pero también por limitaciones políticas: el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para tramitar las Cuentas. El anuncio de medidas que aprobará el Consejo de Ministros pretende ofrecer protección inmediata a los ciudadanos, evitando tensiones con socios sobre vivienda y tratando de blindar la aprobación política de las ayudas.

Resulta llamativo el contraste entre la firmeza verbal de La Moncloa de la pasada semana —donde se reiteró la intención de presentar el proyecto en el primer trimestre— y la renuncia práctica a respetar ese calendario. La portavoz y las fuentes del Ejecutivo defendían a comienzos de mes la presentación antes de que acabara marzo; ahora la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda admite la demora.

Hay además un factor orgánico que condiciona los plazos: Montero abandonará el gabinete en cuanto se convoquen las elecciones en Andalucía, como candidata socialista. Ese movimiento complica la tramitación rápida que el Gobierno prometió y alimenta la sensación de que la excusa exterior coincide con una realidad política interna que dificulta el avance de las Cuentas.

En política, la urgencia puede ser legítima; la ausencia de fechas, sin embargo, genera incertidumbre. El Gobierno dice que pondrá "todos los recursos del Estado" para responder a los efectos económicos y sociales de la crisis; mientras tanto, la palabra "Presupuestos" queda pospuesta, sin un nuevo compromiso certero, y los ciudadanos esperan respuestas claras sobre tiempo y contenido.

No es menor la lectura política: sustituir un proyecto de ley de alcance y debate parlamentario por decretos de urgencia es una opción táctica que sirve para gestionar choques inmediatos, pero deja pendiente la gran escritura fiscal y social del año. El Ejecutivo ha decidido, por ahora, gobernar la emergencia y aplazar la contabilidad política de su mandato. El reloj, por su parte, sigue corriendo sin fecha marcada.