San Fulgencio al borde: el Ayuntamiento sin interventor, la democracia en jaque

El hecho es crudo y claro: San Fulgencio ha quedado sin interventor municipal, la pieza clave para el control económico y administrativo del Ayuntamiento. No es una anécdota burocrática; es una fisura en la arquitectura mínima que debe garantizar la gestión pública y la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Ante esa ausencia, el alcalde recurrió a un parche administrativo: el nombramiento extraordinario de un funcionario del grupo A1 como interventor accidental durante un único día para tramitar el pago de las nóminas. Un gesto de emergencia que, por su propia naturaleza, revela improvisación y falta de previsión en la gestión del Consistorio. Pagar sueldos no puede convertirse en una proeza de emergencia; pagar sueldos es la obligación elemental de cualquier administración responsable.

El PSOE local ha señalado directamente a José María Ballester como responsable de esta crisis, vinculándola a una forma de gobernar basada en la presión y en decisiones controvertidas. La persona que venía desempeñando las funciones de intervención renunció y regresó a su puesto de origen en un contexto marcado, según los socialistas, por un clima interno deteriorado. Ese retroceso administrativo tiene un nombre: pérdida de normalidad institucional.

Pepe Sampere, portavoz del PSOE, ha calificado la situación de "bochornosa" y ha alertado sobre un "deterioro institucional sin precedentes". Los socialistas recuerdan, además, que el alcalde continúa en el cargo pese a haber perdido la mayoría plenaria, lo que, a su juicio, agrava el bloqueo institucional y conduce a la judicialización de la vida política local.

No son acusaciones lanzadas al vacío: el PSOE invoca pronunciamientos del secretario municipal, del Ministerio Fiscal y de instancias judiciales que cuestionan la paralización de dos mociones de censura que contaban con mayoría plenaria. La Fiscalía llegó a calificar esa paralización como una "flagrante ilegalidad". Si los órganos de control y la fiscalía ponen el foco, los ciudadanos tienen derecho a exigir respuestas y rectificaciones.

A esa fractura institucional se suman las quejas vecinales por la dejadez en limpieza y mantenimiento, especialmente en la urbanización La Marina. El propio alcalde ha reconocido estos problemas, pero, según el PSOE, no se han adoptado soluciones efectivas. Reconocer una falla y no corregirla es agravar la desconfianza ciudadana.

Por último, el PSOE critica el silencio del Partido Popular en la comarca y en la autonomía —señalando expresamente a la dirección comarcal encabezada por María Gómez y al PPCV liderado por Pérez Llorca— por no actuar ante lo que califican de situación "extremadamente grave".

El diagnóstico socialista es contundente: insostenible. Reclaman recuperar la normalidad democrática, el respeto a la legalidad y una gestión eficaz que ponga en primer plano las necesidades de la ciudadanía. Ninguna administración puede permitir que la tramitación de nóminas se convierta en ejemplo de improvisación. La gobernanza local exige seriedad, previsión y responsabilidad. San Fulgencio merece respuestas y soluciones, no parches de un día ni silencios cómplices.