Restituir el honor: la ciudad que no olvida a su fiscal

La noche en la Casa das Máquinas fue, ante todo, un acto de comunidad. Cerca de doscientos vecinos, profesores y gentes de la cultura se reunieron para arropar a Álvaro García Ortiz, el fiscal que ha visto truncado su paso por la Fiscalía General del Estado por una condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos.

No es un mitin ni una defensa genérica: fue un homenaje promovido por docentes universitarios y hombres y mujeres de la cultura que salieron a la plaza pública a decir algo elemental en una democracia: que la persona merece reconocimiento, y que el honor no se borra con una sentencia. En el acto hablaron la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG), el profesor y exdirigente socialista Xaquín Fernández Leiceaga, la profesora y exportavoz de Sumar Marta Lois, el exrector Antonio López y otros. Palabras que ensalzaron el “compromiso” y la “bonhomía” del homenajeado y reclamaron la restitución de su honor.

García Ortiz, visiblemente emocionado, habló por primera vez en público desde la decisión del Supremo: definió lo ocurrido como “una flagrante injusticia” y negó quererse situar como héroe o víctima. Fue franco al reconocer que lo ha pasado mal, pero también en agradecer la oportunidad y la responsabilidad que tuvo en su cargo. Su diagnóstico es nítido: entiende que se ha actuado contra él por “defender una forma de entender la justicia” y advierte que la sentencia debe ser incentivo para cambiar el sistema, no motivo de derrota moral.

La escena tiene otra lectura política y social: el fiscal, hoy destinado en la sección de lo Social del Supremo tras la inhabilitación, no ha perdido el arraigo. Dice que cuanto más estaba en Madrid, más deseaba volver a casa; salmantino de nacimiento, es ahora compostelano de adopción. Su caso ya reunió en enero el respaldo de unos 150 juristas en el Ateneo de Madrid y tanto él como la Fiscalía han recurrido ante el Tribunal Constitucional con la esperanza de una revisión.

Lo ocurrido en Santiago habla de memoria colectiva y de solidaridad cívica. La alcaldesa calificó el homenaje como un acto de “restitución, memoria, solidaridad y justicia” y reclamó a la institución judicial que “se quite la venda de los ojos”. No es un clamor contra la independencia de los tribunales: es, más bien, la expresión de una comunidad que reclama que la justicia no sólo actúe, sino que también preserve la legitimidad de quienes la ejercen.

La política, la universidad y la vecindad coincidieron la noche del homenaje: la defensa del hombre público que ha dedicado su carrera al servicio público y la petición explícita de que su honor sea restituido. En democracia, la palabra pública y la solidaridad ciudadana son instrumentos que pulen las aristas del poder; Santiago lo demostró con firmeza y sin estridencias.

Queda el trámite institucional: recursos al Constitucional, esperanza de revisión y la certeza de que, como mostró la plaza, la vida pública no se reduce a una sentencia. Hay, además, una apelación moral: que la justicia, en su ejercicio, preserve también la confianza que la sociedad deposita en sus instituciones y en quienes las encarnan.