Respeto a la ley y firmeza: España no renuncia a la OTAN pero impone límites

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha colocado el principio por delante del servilismo y la legalidad por encima de la urgencia. Ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ha explicado con claridad que la prohibición del uso de las bases de Rota y Morón —y del espacio aéreo para vuelos de apoyo a la operación contra Irán— se adoptó el mismo 28 de febrero, en el momento en que se inició el ataque.

No se trata de un gesto simbólico ni de una salida en falso: Robles afirma que la limitación es concreta y puntual. Las bases «siguen funcionando con la exclusiva limitación de que en ningún caso desde ellas se puede realizar ninguna actuación que pueda apoyar o favorecer la guerra de Irán». Ese matiz es determinante: España mantiene sus plazas, mantiene sus responsabilidades, pero impone un límite que, según la ministra, se inspira en el respeto al orden jurídico nacional e internacional.

La ministra ha querido disipar la equívoca tesis de que esta decisión supondría una ruptura del vínculo transatlántico. Ha subrayado que la oposición al ataque no equivale a abandono de la responsabilidad con la disuasión y defensa colectiva, y ha apuntado que mandos militares estadounidenses en Mons y Nápoles le trasladaron su satisfacción por la contribución española a la OTAN.

Es llamativo —y políticamente relevante— que Robles también haya señalado que otros países han tomado la misma postura que España. El mismo martes se conoció que Italia negó el uso de una base en Sicilia a bombarderos de EE. UU. implicados en la ofensiva. Ese dato refuerza la idea de una decisión adoptada en consonancia con aliados, no en solitario.

En el plano operativo, la ministra informó del relevo naval: la fragata Cristóbal Colón, desplazada al Mediterráneo Oriental, será sustituida por la Méndez Núñez el 7 de abril para continuar la protección del grupo de combate encabezado por el portaaviones francés Charles de Gaulle y defender la zona asignada por las autoridades chipriotas al sudoeste de la isla.

Robles expuso también las circunstancias que motivaron el veto: la petición de autorización llegó «sin ninguna otra explicación», para un ataque cuya forma, magnitud y duración no fueron detalladas. Según su relato, tres días antes se había trasladado que las conversaciones entre EE. UU. e Irán en Ginebra seguían adelante y que se iba a llegar a un acuerdo. Fue, por tanto, una solicitud de uso de bases que se planteó cuando «se nos dice que ese ataque se va a producir de manera unilateral».

En el debate parlamentario, la oposición ha reaccionado con advertencias y demandas. El PP ha acusado al Gobierno de poner en riesgo la seguridad nacional y dañar la imagen de España, exigiendo además que el envío de la Cristóbal Colón hubiera pasado por el Congreso. Vox ha expresado, igualmente, inquietud sobre garantías de que Rota y Morón no se utilicen para apoyo logístico a la operación. Ambos portavoces, según el registro, se han declarado contrarios a la guerra.

Robles no eludió las críticas internacionales: respondió a las palabras del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre la necesidad de revisar el papel de la OTAN tras las negativas a Washington, recordando que la Administración estadounidense avisó ya hace tiempo sobre la necesidad de que los europeos ocupen su propia defensa. Sobre una posible salida de las tropas de EE. UU. de Rota y Morón, la ministra fue taxativa: «Es un escenario que no contemplamos».

Que haya disenso no invalida la decisión; la decisión deriva de una ponderación entre alianzas y legalidad, entre deberes compartidos y límites soberanos. España ha optado por fijar un perímetro: apoyar a los aliados en el marco multilateral, no servir de plataforma para una operación que el Gobierno considera indefinida en objetivos y alcance. Esa delimitación —dura, consciente y explicada— es la que hoy presenta la ministra Robles ante el Parlamento y ante la opinión pública.