Reparación sin cifras: la vía acordada para las víctimas de abusos en la Iglesia

Ha sido pactado y tiene fecha: el 15 de abril entrará en funcionamiento un mecanismo nacido del acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confer y el Defensor del Pueblo. No es un parlamento ni un tribunal; es una ruta administrativa y moral pensada para las víctimas cuyos casos ya no pueden seguir la vía judicial por prescripción o por el fallecimiento del agresor.

El diseño es explícito en su arquitectura: un modelo mixto que combina reparaciones económicas, simbólicas y restaurativas. Las víctimas podrán iniciar un procedimiento ante la Justicia que culminará en una propuesta del Defensor del Pueblo, quien, apoyado por un equipo de expertos independientes de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP), revisará cada historia de forma individual.

La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones, constan 14 páginas de acuerdo. Pero aquí hay una singularidad de peso: no existen cifras, ni baremos ni horquillas. El propio presidente de la CEE, Luis Argüello, definió el resultado como “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”. Y Felipe Bolaños, presente en la firma, subrayó que se pretende una reparación que no esté determinada por una cifra mínima ni máxima.

El Ministerio de Justicia y Relaciones con las Cortes creará la Unidad de Tramitación para recibir solicitudes, orientar a las víctimas y coordinar el proceso. La Comisión Asesora del PRIVA (CPRIVA) de la Iglesia emitirá un informe preceptivo sobre las valoraciones de la UVDP. Si surge desacuerdo, una comisión mixta revisará el expediente. Un detalle práctico: las indemnizaciones estarán exentas de tributación.

La Iglesia ha puesto un límite temporal claro: la vía será temporal, de un año y prorrogable por otro mes, para causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial. La oferta de la institución se define como un compromiso moral, no como imposición de una obligación jurídica, según reza el propio acuerdo.

No todo queda fuera de lo simbólico: las víctimas que ya acudieron al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) impulsado por la Iglesia en 2024 podrán acogerse a este nuevo modelo mixto. Y el Defensor del Pueblo ha dejado la consigna que debe guiar la intervención: “no se puede permitir la revictimización de las personas”, dijo Ángel Gabilondo.

Es un arreglo de consecuencias prácticas y simbólicas, con claros acentos institucionales: colaboración entre Administraciones e Iglesia, atención individualizada, y una responsabilidad asumida por la institución religiosa en la esfera de lo económico. Lo que no ofrece —y esto es central— es un baremo público o una tabla que traduzca ese compromiso moral en cantidades homogéneas. Ese vacío será, inevitablemente, el foco de atención en la aplicación del protocolo.

Queda, por tanto, un camino abierto pero condicionado: la vía existe y arranca con un cronograma; la reparación se promete y la Iglesia se compromete a pagar; la evaluación será individual y coordinada por el Defensor. Pero la ausencia de cifras y la temporalidad del mecanismo sitúan la iniciativa en un terreno donde la proporcionalidad, la transparencia y la percepción de justicia serán exigencias ineludibles para las víctimas y para la sociedad.