Regularizar es sensatez; oponerse, irracionalidad política

Vivimos inmersos en un ruido social permanente, esa cortina de banalidad y desinformación que nos trae el teléfono inteligente y sus redes. Ese diluvio informativo —con intereses ocultos de grandes plataformas— coloniza nuestra atención y nos impide enfocarnos en asuntos verdaderamente relevantes.

Si desenchufáramos ese ruido veríamos con claridad un problema tan antiguo como la Humanidad: las migraciones. Migrantes que se juegan la vida para sobrevivir y que hoy padecen en todo el mundo situaciones de indefensión e injusticia. La naturaleza humana y las sociedades no son químicamente puras; están mezcladas, mestizadas. Europa y América son producto de migraciones sucesivas. Negar esto es negar la propia historia y la realidad demográfica.

En España el debate político sobre la migración se ha contaminado de irracionalidad. El Gobierno propone conceder un estatus jurídico a alrededor de quinientas mil personas que ya viven entre nosotros sin documentación. No es una ocurrencia: gobiernos de distinto signo ya han regularizado en el pasado para resolver situaciones penosas. Hoy, sobre la mesa, no hay solo argumentos humanitarios; instituciones tan diversas como el Banco de España, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, federaciones empresariales regionales, la Conferencia Episcopal y los sindicatos urgen la necesidad de conceder “los papeles”.

¿Qué implicaría esa legalidad? Que trabajadores invisibles y desprotegidos puedan ser contratados con seguridad jurídica, accedan a la atención sanitaria, a estudiar y, sobre todo, a ser reconocidos como personas titulares de derechos y obligaciones. La regularización es un gesto de compasión y justicia con un colectivo expuesto a abusos y explotación.

Además, la decisión no es solo filantrópica: tiene consecuencias nacionales concretas. España podría aliviar su déficit demográfico, mitigar el envejecimiento de la población activa, cubrir empleos que hoy nadie quiere y contribuir al sostenimiento de las pensiones y al desarrollo económico.

Sin embargo, la situación política está enrarecida. Un partido de extrema derecha ha alimentado el rechazo y la estigmatización de los migrantes, aprovechando la crisis y la vulnerabilidad social para tensar ánimos e instituciones, sin ofrecer planes verosímiles para resolver los problemas del país. Más desconcertante aún es la deriva del Partido Popular, que hasta hace pocos años practicaba políticas moderadas y pactos de Estado, pero que hoy parece desnortado y en competencia con la extrema derecha en formas y contenidos.

Incluso se han adoptado medidas regionales para endurecer la situación de los migrantes, acciones que pueden ser contrarias a la ley y que complican todavía más la vida de personas ya vulnerables. Es una ironía amarga: de regiones de donde salieron millones en siglo pasado, ahora llegan propuestas que hostigan al que hoy busca acogida.

Regularizar no es abdicar de control ni renunciar a soberanía; es poner orden, proteger a personas y empresas, y mirar con honestidad al interés general. Frente al ruido y la cortina de humo, España necesita sensatez: reconocer la realidad mestiza de su sociedad y actuar con justicia y racionalidad para integrar a quienes ya forman parte de su tejido social.