Regularización masiva: acto de justicia y imperativo económico

El anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de conceder un visado de residencia de un año, renovable, a migrantes indocumentados no es una ocurrencia improvisada: es la respuesta a una realidad palpable y a una necesidad que late en el corazón de la economía española.

No es menor el alcance. El Gobierno habla de alrededor de 500.000 personas que podrían beneficiarse; otros informes, como el filtrado del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, sitúan la horquilla entre 750.000 y 1,1 millones. Sea cual sea la cifra exacta, hablamos de vidas—de familias—que hasta ahora han vivido al margen del marco legal, con todo lo que ello conlleva: explotación laboral, exclusión de servicios bancarios y dificultades para acceder a la vivienda en un mercado de alquiler al alza.

La medida pone condiciones claras y limitadas: solicitarán quienes hayan pasado al menos cinco meses en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, y las solicitudes estarán abiertas desde principios de abril hasta finales de junio. Es un alivio concreto para personas como Diana, peruana, que narra la precariedad de trabajos ocasionales y el riesgo de ser explotada por empleadores que se aprovechan de su situación irregular.

El argumento humanitario del Ejecutivo convive con el pragmatismo económico. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, subraya el peso de la mano de obra extranjera en el mercado laboral: 14,1% de los 22 millones de trabajadores registrados son extranjeros, y, desde 2022, la mitad del crecimiento económico habría venido impulsada por trabajadores foráneos. El Banco Central, en un informe de 2024, advertía asimismo de la necesidad de millones de migrantes en las próximas décadas para sostener la economía y el sistema de seguridad social.

No es una cuestión abstracta: los migrantes, documentados o no, desempeñan papeles esenciales en sectores vitales: cuidado de mayores, hostelería, construcción y agricultura. En el campo, más de 250.000 extranjeros están registrados formalmente, además de miles en situación irregular. La patronal agraria ASAJA admite la dependencia del sector y expresa su apoyo condicionado a que la regularización derive en contratos estables; la CEOE, en paralelo, aboga por una inmigración "ordenada".

Por tanto, esta regularización es doblemente legítima: protege derechos humanos básicos y sanea un tejido laboral que resulta imprescindible para el crecimiento. Nada de esto borra preocupaciones legítimas sobre implementación, control y calidad de los contratos, planteadas por empleadores y agentes sociales. Pero negar la evidencia de que cantidad y presencia de estas personas sostienen sectores enteros, sería hipócrita y suicida desde el punto de vista económico.

España tiene ahora la responsabilidad de aplicar la medida con firmeza: garantizar que los beneficiarios accedan a contratos dignos, que dejen de ser mano de obra barata y flexible, y que el proceso administrativo no se convierta en una trampa que deje a muchos en la indefensión. Es la oportunidad de reconocer a quienes "han construido el progreso de este país junto a nosotros", como recordó el presidente, y de convertir una necesidad en una política de orden y justicia social.

Si el Estado actúa con rigor y control, esta regularización no solo aliviará la vida de cientos de miles de personas, sino que reforzará la economía, la seguridad jurídica y la cohesión social. Ignorar esa doble dimensión sería regalar una oportunidad histórica de modernizar y poner cimientos más sólidos a la España que queremos preservar.