Regularización en vilo: la sonrisa política choca con la realidad burocrática

Hoy se puso en marcha la atención presencial para la tramitación extraordinaria de solicitudes de regularización. Era la foto esperada por el Gobierno: ventanillas abiertas en Correos, Seguridad Social y Extranjería para acoger a las personas que pidieron cita previa. Sin embargo, la mañana ha mostrado otra película: recepciones sin funciones informativas, oficinas que no están operativas y solicitantes cargando carpetillas azules a la espera de poder entregar sus papeles.

La oficina de la Seguridad Social en la calle Cedaceros, madrileña y habilitada para el trámite, no está, de momento, operativa para la recepción extraordinaria. El personal recuerda que su labor es recibir solicitudes y no informar, y anuncia su disponibilidad cuando termine el horario habitual. Esa explicación formal suena a poco frente a la urgencia humana que se ha desplazado hasta esos mostradores.

Las dificultades que describen los afectados no son anécdota: obtener certificados y documentos esenciales está siendo tedioso y desigual. Una joven de treinta años resume la sensación de muchos: “veo el proceso con mucha negatividad: conseguir los documentos está siendo muy difícil y las asociaciones con las que he hablado dicen que no pueden ayudarme”. Sus palabras condensan la frustración colectiva ante un mecanismo que, en el extremo, pretende regularizar a 500.000 personas —y que otros sitúan incluso en torno a un millón— pero que topa con la realidad administrativa y consular.

Los consulados actúan con ritmos distintos. Mientras algunos demoran plazos, el consulado de Marruecos aparece como excepción, acelerando la entrega de certificados de antecedentes penales que antes tardaban un mes y ahora pueden recogerse en dos semanas o menos. Esa variabilidad en la práctica consular convierte el derecho proclamado en una carrera de obstáculos para quienes dependen de terceras administraciones.

El proceso exige además requisitos específicos: las personas que no sean ni hayan sido solicitantes de asilo, que no tengan hijos o personas dependientes a cargo ni una oferta de trabajo, deben aportar un informe de vulnerabilidad rellenado por una de las entidades colaboradoras de extranjería. Ese requisito obliga a muchos a desplazarse por el país en busca de organismos o asociaciones que, en muchos casos, dicen atender solo a sus usuarios o desconocen los pasos a seguir.

El testimonio de Steve y Lady, de 33 años, que llevan siete meses en España y deben cruzar provincias para lograr documentación, ilustra la geografía de la frustración. Y la joven que acudió al consulado de su país para informarse sobre el certificado de penales recibió instrucciones contradictorias, saliendo con una tira de papel que reemplaza la claridad que necesitaba.

Hace falta coherencia administrativa y celeridad consular para que la promesa no quede en un titular. La medida pretende beneficiar a cientos de miles, pero si los engranajes burocráticos fallan, el resultado será incertidumbre, desplazamientos y desesperanza para quienes buscan regularizar su vida. No es ya cuestión de buena voluntad: es una exigencia de eficacia mínima para no convertir una oportunidad en un laberinto.