Reducir la renta de vulnerabilidad: una propuesta que despoja y divide

¿En qué país creen vivir quienes proponen que una familia sea vulnerable solo si ingresa menos de 900 euros? Esa pregunta resonó en el pleno y no es retórica: es la constatación del choque entre dos visiones de Estado.

La ley vigente toma como referencia tres veces el Iprem; con un Iprem de 600 euros, la vulnerabilidad empieza hoy en 1.800 euros. El PP quiere dejarla en 1,5 veces el Iprem: 900 euros. Es una decisión normativa que cambia vidas, que estrecha la protección y amplía la puerta de salida forzada de miles de inquilinos.

La iniciativa no se queda en el número. Reduce de dos meses a uno el plazo para que un inquilino abandone la vivienda tras una sentencia de desahucio; retira la posibilidad de declarar zonas tensionadas, con lo que elimina una herramienta para fijar topes de alquiler; y plantea una reforma urbanística para aligerar trámites, acortar plazos de informes y blindar planes municipales frente a nulidades parciales judiciales.

No es de extrañar que la izquierda se lanzara contra la propuesta: de Podemos al PNV, de Sumar a EH Bildu, las bancadas sacaron la indignación pública. Se escucharon reproches duros: “¿Pero ustedes creen que una familia puede vivir con 900 euros?”, y acusaciones directas como la de Oskar Matute: “Ustedes tienen miedo a los pobres, les disgustan, los odian”. La bancada popular repelió esas embestidas, y hubo momentos de tensión personal, como el cruce entre la portavoz popular Soledad Cruz‑Guzmán y el diputado de Sumar Alberto Ibáñez.

El debate mostró también tensiones políticas inesperadas. Parte de la proposición coincide con textos que en su día presentaron el PNV y el PSOE; aquel proyecto socialista fue rechazado entonces por una suma de votos que incluyeron al PP, y los socialistas lo retiraron. Ahora el PP recupera, amplía y condensa medidas parecidas bajo su sello, pide respaldo a ayuntamientos y reclama consenso. El PNV, sin embargo, se abstuvo: apoyó algunos contenidos en el pasado y rechaza otros ahora.

Junts y Vox dieron su apoyo para que la iniciativa fuese tomada en consideración; el resto de la izquierda se opuso con virulencia. La conjunción de apoyos y rechazos deja claro que la proposición atraviesa un campo de minas político: puede ser tomada en consideración pero, tal como se ha señalado en el pleno, su materialización como ley es improbable.

Lo que está en juego no son solo pasivos técnicos de urbanismo o aritmética del Iprem. Es la idea misma de qué protección social merece quien vive de alquiler y cuáles herramientas debe tener la comunidad para contener la especulación. Reducir el umbral de vulnerabilidad y quitar instrumentos para limitar alquileres es, en los hechos, desplazar el equilibrio hacia propietarios y desarrollo urbanístico sin contrapesos.

El Congreso ha abierto el debate. Ahora corresponde a los partidos y a la sociedad decidir si la respuesta al problema de la vivienda será más protección para las familias o más facilidad para la expulsión y la liberalización. No es un detalle técnico: es una encrucijada de política pública y de prioridades sociales.