Recorte a golpe de mayoría: PP y Vox limitan el control parlamentario en Extremadura

La primera decisión del nuevo gobierno de coalición en Extremadura —formado por PP y Vox— no ha sido organizar su gabinete ni presentar nombres, sino limitar la capacidad de la oposición para cuestionar a la Administración regional. Así, por acuerdo de ambos partidos se reduce el cupo de preguntas en plenos y comisiones, una medida que aterriza antes incluso de conocer la estructura del Ejecutivo.

Los números son tozudos y explican la versión oficial: PP y Vox sostienen que la redistribución obedece a la proporcionalidad de los resultados electorales del 21 de diciembre. Pero la proporcionalidad proclamada convive con el reproche de quienes quedan afectados: el PSOE verá su intervención reducida a dos preguntas por pleno, una menos que en la legislatura anterior; Unidas por Extremadura seguirá con una pregunta por sesión, pese a haber pasado de cuatro a siete diputados; PP y Vox podrán formular tres y dos preguntas respectivamente.

Las reacciones no se han hecho esperar. La portavoz parlamentaria del PSOE tildó de "rodillo" la decisión y habló de una "falta de transparencia y de respeto", señalando además que, a su juicio, PP y Vox han evitado rendir cuentas y han mantenido la Cámara cerrada en los últimos seis meses. Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel calificó los cupos como una "vergüenza" y atribuyó al nuevo gobierno el pánico a que la oposición ejerza su labor.

El reparto aprobado incluye, además, reglas concretas para otras iniciativas parlamentarias: el cupo de propuestas de impulso por sesión quedará en 2, 2, 2 y 1 para PP, PSOE, Vox y Unidas; las propuestas de pronunciamiento serán como máximo dos por pleno. En comisiones, no habrá cupo para las de impulso y el pronunciamiento seguirá el reparto 3, 2, 2 y 1. También se contempla que una vez al mes los presidentes de cada grupo puedan formular una pregunta a la presidenta regional, María Guardiola, en el segundo pleno de cada mes.

La Junta de Portavoces, con mayoría de PP y Vox, ha aprobado el calendario de actividad para los próximos tres meses, que arranca el 7 de mayo e incluye plenos el 7 y 28 de mayo; 4 y 18 de junio; 2 y 16 de julio, según desveló el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo. Mientras tanto, Unidas por Extremadura anuncia que pedirá el coste económico de la toma de posesión de Guardiola en el Anfiteatro Romano, y el PSOE advierte sobre la premura de convocar un pleno cuando aún se desconoce la composición del nuevo gobierno.

La imagen es clara: la coalición estrena su etapa consolidando, por la vía reglamentaria, una nueva distribución del protagonismo parlamentario. Es legítimo decidir reglamentos, es legítimo ajustarlos a resultados electorales; lo que ahora se abre a debate es si esos ajustes favorecen un mayor equilibrio democrático o si, en cambio, recortan el espacio del control y la transparencia que debe garantizar cualquier Cámara regional.