Que no nos metan en sus líos: la obligación de priorizar a la ley sobre las tácticas

La política no puede reducirse a un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven por intereses internos y tácticas de partido. En Murcia, la Ley de Vivienda Asequible —una iniciativa que podría haberse aprobado hace meses— sigue retenida por la exigencia de Vox de introducir la llamada "prioridad nacional". El Partido Popular, según informa el Gobierno regional, está "estudiando" si esa propuesta es compatible con "el espíritu de la Ley y con el ordenamiento jurídico español". Eso es, a la vez, prudencia jurídica y un reproche implícito a quien condiciona el diálogo político.

El consejero Marcos Ortuño lo dejó claro: que no les metan en su fuego cruzado. No se trata de decorado retórico sino de un principio elemental: las leyes se construyen con acuerdos entre partidos políticos que buscan la estabilidad y la certeza, no con imposiciones que responden a disputas internas o a estrategias electorales dictadas desde otra sede. Si la normativa hubiera avanzado, dice el Ejecutivo, fue precisamente la división de Vox la que paralizó un acuerdo prácticamente cerrado.

Resulta intolerable que el debate sobre derechos y necesidades reales —el acceso a una vivienda digna— se vea convertido en moneda de cambio de tácticas partidistas. La sociedad exige soluciones, no maniobras. Y cuando una formación plantea fórmulas que deben ser examinadas a la luz del ordenamiento jurídico, la respuesta responsable es el estudio y la deliberación, no la coacción ni el ultimátum.

En paralelo, el Gobierno regional critica con fundamento el nuevo Plan Estatal de Vivienda: llega tarde, sin diálogo real con las comunidades autónomas, y obligará a éstas a aportar recursos sin haber sido consultadas. Son advertencias que no deben quedar en mera queja: la coordinación institucional es requisito para políticas eficaces. Además, el Ejecutivo autonómico denuncia que el decreto de regularización aprobado por el Estado está generando "caos" administrativo y traslada responsabilidades a ayuntamientos que deberán asumir las consecuencias.

La política tiene una obligación patriótica: poner el interés general por delante de los enconos partidistas. Murcia reclama eso con voz firme. Exigir que nadie condicione la aprobación de una ley por sus líos internos es, en el fondo, reclamar respeto por la democracia y por la gente afectada por la falta de medidas. Si hay dudas jurídicas, que se resuelvan en la ley y en los órganos competentes; si hay desacuerdos, que se resuelvan en acuerdos entre partidos, no en incendios cruzados que sólo retrasan las soluciones.